EL PELIGRO DE SER OPOSITOR EN VENEZUELA

Oposición venezolana acusa al Gobierno de "vendetta" postelectoral
 
La oposición venezolana acusa a las instituciones estatales de intimidación y amenazas de despido a funcionarios críticos con el presidente Nicolás Maduro, después de una disputada elección que generó una oleada de violentas protestas.

Los adversarios del Gobierno están indignados por dos grabaciones que parecen mostrar a altos funcionarios prometiendo despedir a trabajadores que apoyen el líder opositor Henrique Capriles, quien perdió por un estrecho margen la elección para suceder al fallecido presidente socialista Hugo Chávez.

El Ejecutivo lo niega y responsabiliza a Capriles por los disturbios que dejaron ocho personas muertas, decenas de heridos y varios ataques a edificios públicos -según información oficial- tras su negativa a reconocer los resultados.

Una integrante de la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática dijo a Reuters que han recibido hasta el momento más de 2.000 quejas por acoso laboral, de las cuáles precisó que unas 300 se referían a despidos por motivos políticos.

"No acepto militantes de partidos fascistas", dijo el ministro de Vivienda, Ricardo Molina, en un video de lo que parecía ser una reunión con el personal de la institución.

"Quien quiera ser militante (del partido opositor) Voluntad Popular del fascista Leopoldo López, que renuncie, porque si no renuncia yo mismo lo voy a botar", concluyó, refiriendose a un conocido líder opositor y aliado de Capriles.

Un funcionario del despacho dijo que Molina no tenía comentarios sobre el video por el momento.

Maduro mantuvo en su puesto a Molina cuando anunció su primer gabinete el domingo, un día después de que la grabación comenzó a circular en internet.

La oleada de acusaciones de discriminación se produce después de violentas protestas de la oposición exigiendo un recuento total de los comicios del 14 de abril, que Maduro ganó por menos de 2 puntos.

Mientras el oficialismo promete encerrar a los autores materiales y a los instigadores de las protestas, la oposición asegura que el Gobierno ha exagerado la violencia, incluyendo víctimas del hampa común entre los fallecidos.

"LOS VAMOS A BOTAR"

La diputada ante el Parlamento Latinoamericano Delsa Solórzano denunció que agencias del Gobierno, escuelas públicas y compañías estatales están usando fotos de las redes sociales, e incluso comentarios críticos, para identificar personas sospechosas de oponerse a Maduro.

Agregó que entre correos electrónicos y llamadas de empleados públicos suman más de 2.000 las denuncias, incluyendo interrogatorios por sus posiciones políticas.

"No saben por quién votaste, pero pueden sospechar porque te ven cara de 'escuálido' (opositor) o porque una vez pusiste un comentario como '¡Qué cosa con la inseguridad!'", dijo la abogada opositora en su despacho.

En otra pieza ampliamente difundida en la red, un funcionario en el occidental estado Zulia fue grabado supuestamente diciéndole a los empleados de su oficina que saben cuáles de ellos respaldaron a Capriles.

"Se lo voy a decir, los vamos a botar", dijo una grabación de audio atribuida a Leonet Cabezas, funcionario de deportes de la gobernación de Zulia. "Cara de pendejos no tenemos, nosotros los tenemos identificados y los vamos a sacar".

Cabezas dijo más tarde en un periódico local que su despacho no iba a despedir a nadie y acusó a quien publicó la grabación de buscar "disturbios".

Una página anónima de Facebook titulada "Denuncia a los Traidores de la Patria" publica fotos de marchas opositores con flechas y etiquetas identificando los nombres y puestos de trabajo de empleados públicos en el estado andino de Táchira.

"¡Ven por qué tenemos que barrer muchas instituciones del Estado!", rezaba uno de los comentarios.

NO HAY ACOSO

Los aliados del Gobierno aseguran que las acusaciones son ridículas, porque el voto en Venezuela es secreto, lo que significa que no hay forma de que un superior sepa si votaste por Capriles. Además, casi todas las quejas son anónimas e imposibles de verificar.

"No hay acoso laboral", dijo la diputada del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela, Blanca Eekhout, a la prensa local.

"¿Por qué no preguntan por las muertes de la violencia generada por Capriles, quien, al igual que los medios de comunicación, debe ser acusado por delitos de lesa humanidad?", agregó.

La situación tiene precedentes y trae malos recuerdos a miles de opositores venezolanos. Hace una década, colaboradores de Chávez compilaron una lista de personas que firmaron pidiendo un referendo revocatorio contra él.

La oposición dice que se convirtió en una "lista negra" para despedir trabajadores en la administración pública y denegar contratos gubernamentales a particulares y empresas.

En ese tiempo, la práctica fue abiertamente reconocida por algunos de los chavistas radicales, que la justificaron como una respuesta por el golpe contra Chávez en 2002 y el paro petrolero activado meses después para forzar su renuncia.

En 2005, el propio Chávez criticó el uso de la lista y ordenó que se "enterrara".

Solórzano dijo que los nombres de víctimas de la discriminación tras las últimas elecciones son confidenciales y que sólo unos pocos se han hecho públicos en los últimos meses.

Evelyn Giambalvo, de años 40 y quien está de baja médica en un banco agrícola estatal, dijo que su salario fue recortado en septiembre, un día después de que publicó una foto en una red social de ella con Capriles.

"La gerencia dijo '¿cómo se te ocurre publicar esa foto trabajando en esta institución?'", dijo.

Su marido, Freddys Díaz, de 55 años, dijo que fue despedido injustificadamente de la misma institución en febrero.

El Ministerio de Agricultura, que supervisa el banco, no respondió a llamadas pidiendo comentarios.

"Se supone que estamos en un país democrático, donde tú no tienes que seguir las líneas ni mucho menos convertirte en una foca y aplaudir cosas con que estás en desacuerdo", dijo Giambalvo.

(Editado en español por Javier López de Lérida)


GOBIERNO LLAMA "ASESINO" A CAPRILES

  

A horas de haber juramentado su cargo, el «trabuco» ministerial -como denominó el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a su Gabinete- se ha lanzado a la acción como un elefante en una cacharrería. Una de las más radicales ha sido Iris Varela, ministra de Asuntos Penitenciarios, que en una rueda de prensa dijo de manera muy visceral que estaba preparando una celda para Henrique Capriles por ser el «autor intelectual» de la muerte de nueve chavistas en la violencia desatada al conocerse el triunfo de Maduro. Y tildándolo de drogadicto, señaló que la estancia le serviría para desintoxicarse.

«Estoy preparando la celda donde vas a tener que ir a purgar tus crímenes, porque eres un fascista y eres un asesino», sostuvo la ratificada ministra en rueda de prensa. «Capriles Radonski, estos crímenes, donde tú eres responsable y autor intelectual, no van a quedar impunes; la única buena noticia que puedes tener es que la cárcel que te espera no va a ser como las que nosotros heredamos en el 98», agregó la responsable del sistema carcelario donde el hacinamiento ha provocado varias revueltas sangrientas.

Varela dijo también que esperaba que en la cárcel se le pudieran quitar al líder opositor sus «pensamientos fascistas» y someterlo a una rehabilitación. «Deja el consumo de estupefacientes, no sigas consumiendo drogas porque eso te está llevando por mal camino», aseguró Varela. El Gobierno acusa al líder opositor de incitar a cometer hechos violentos cuando llamó el 14 de abril a «descargar la arrechera (rabia)» en la calle. Capriles rectificó y día después dijo que rechazaba los ataques entre venezolanos y que había que «descargar la arrechera en la olla», es decir en los cacerolazos.


Investigación de la Fiscalía

Para probar la denuncia, el Ejecutivo mostró por la cadena nacional de televisión un informe con 62 fotografías de supuestas agresiones en 18 lugares entre el 15 y 16 de abril. Portavoces de Provea (Programa Venezolano de Educación-Acción en derechos humanos) señalaron que no hubo ataques a consultorios médicos y negaron que hubiera muertos. Sin embargo, la defensora del Pueblo, Gabriela Ramírez, detalló cuatro días después «las lamentables agresiones contra personas, infraestructuras del programa sociosanitario Barrio Adentro -en el que colaboran profesionales cubanos-, sedes de instituciones públicas y casas del PSUV -el partido gobernante-».

La Fiscalía confirmó que tiene abiertas 161 investigaciones contra la oposición. Mientras tanto, Maduro y Capriles se desahogaban en la red social Twitter. Para el presidente, «el odio y el desprecio al pueblo generó violencia y muerte. Hace una semana derrotamos el golpe de Estado con firmeza y el amor al pueblo». Por su parte, el líder opositor criticaba la utilización de emisoras de radio y televisión para incriminarle: «El enchufado mayor (Maduro) ahora mete cadenas para tratar de seguir sembrando sus mentiras. ¡La ilegitimidad no te la quita nadie!». Las hachas de guerra están muy lejos de quedar enterradas. 

Comisión de la Asamblea venezolana investigará a Henrique Capriles

La Asamblea Nacional venezolana tiene previsto este miércoles instalar una comisión que investigue las supuestas responsabilidades del líder opositor Henrique Capriles en las protestas de la semana pasada.

La comisión iniciará su sesión a las 10:30 de la mañana (14:30 GMT) y "determinará responsabilidad por hechos violentos dirigidos por Capriles", indicó la Asamblea en un mensaje de Twitter y divulgado por la televisora oficial. No se dieron detalles de quiénes integrarían esa comisión o hasta cuándo extendería sus trabajos.

El gobierno del presidente Nicolás Maduro, cuyos simpatizantes controlan la Asamblea, responsabiliza a Capriles de presuntamente haber ordenado a sus seguidores desde el mismo día de las elecciones, el 14 de abril, atacar sedes del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela, o PSUV, así como puestos de salud y mercados populares.

En una intensa campaña de propaganda, los medios oficiales, tanto como el propio Maduro y algunos de sus ministros, han calificado a Capriles de "asesino" y "fascista", además de prometer que sus "crímenes" no quedaran impunes.

Capriles, un abogado de 40 años, resta importancia a los señalamientos y mantiene que son mentiras del oficialismo, que hasta ahora no ha ofrecido evidencias de que al menos ocho personas que dice murieron entre el 15 y el 16 de abril en distintos puntos del país hayan sido víctimas de ataques opositores.

"La mentira es el refugio de los cobardes!El Gobiernito desesperado sembrando+mentiras,no podrán con la mayoría de los venezolanos", dijo Capriles en un mensaje de la red social el martes por la noche.

En un ambiente de alta polarización, el gobierno acusa a Capriles y a miembros de su comando de campaña de promover la violencia, pero se cuida y excluye de tales señalamientos a los votantes opositores: más de siete millones de venezolanos. En los comicios del 14 de abril, Maduro obtuvo 7,5 millones de votos, frente a los 7,3 millones de Capriles.

El líder opositor goza de inmunidad como gobernador del central estado Miranda, vecino a Caracas, y cualquier eventual proceso en su contra debe comenzar primero retirando ese fuero, una medida que tendría que autorizar el Tribunal Supremo de Justicia.

La víspera, la ministra de Servicios Penitenciarios Iris Varela afirmó que preparaba ya una celda para Capriles. "No vamos a permitir que estos crímenes queden impunes", dijo Varela.

"La cárcel que te espera...vamos a ver si ahí te quitamos ese aire fascista, a ver si te quitamos el vicio que tienes, cuando una persona está bajo efectos alucinógenos puede hacer cualquier cosa, deja el consumo de estupefaciente", añadió la ministra.

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MUD repudió dichos de la ministra de Maduro

  

La coordinadora de la Comisión de Derechos Humanos y Justicia de la Unidad, Delsa Solórzano, se pronunció ante las “vergonzosas” declaraciones realizadas por la ratificada ministra de Asuntos Penitenciaros, Iris Varela, quien dijo “tener preparada una celda para Capriles”.

“Con sus declaraciones e insultos, evidentemente no está preparada. Cree que debe ser más radical en sus acciones para justificar que, durante su ejercicio, no ha hecho más que llevar a Venezuela a los extremos de la catástrofe penitenciaria”, dijo la representante de la MUD.

“Solórzano enumeró la serie de ‘logros’ que aún esperamos de su gestión, como descongestionar las cárceles, construir ocho nuevos centros de reclusión, disminuir el número de reos fugados”, señaló.

“¿Por qué en vez de resolver los grandes problemas penitenciarios se dedica a mentir y atacar el liderazgo opositor? Sepa usted que Henrique Capriles representa a más de la mitad de los venezolanos y eso deber respetarse”, enfatizó la también diputada.

Entretanto, calificó de inaceptable la insistencia en perseguir la disidencia política, cuando los índices de impunidad -de acuerdo con la memoria y cuenta de la fiscal general de la República- se ubican en el 98,76% y van en aumento, perjudicando la calidad de vida de todos los venezolanos.