Sin prisa, pero sin pausa. Así avanza la idea de instalar en la opinión pública la necesidad deuna reforma constitucional que no excluya la posibilidad de un tercer mandato consecutivo para Cristina Fernández de Kirchner o incluso la alternativa de una reelección indefinida, sin límites, como la que impuso su esposo en Santa Cruz.
Por ahora, para la Casa Rosada, la lenta imposición del debate apunta a cohesionar a la mayor parte del peronismo en torno del liderazgo de la Presidenta y a evitar cualquier discusión prematura sobre su sucesión. Un triunfo electoral en las elecciones legislativas de 2013 disparará inmediatamente las negociaciones para obtener los dos tercios del Congreso indispensables para declarar la necesidad de la reforma.
Distintos sectores del neokirchnerismo o cristinismo, que van desde el piquetero Luis D'Elía hasta el filósofo de Carta Abierta Ricardo Forster, vienen trabajando desde hace un par de meses en la formulación de las bases para una nueva Constitución, que tendrán muy poco en común con las de Juan Bautista Alberdi. Aunque ninguno de sus papers menciona la posibilidad de la reelección indefinida, se descuenta que se habilitará la continuidad de la jefa del Estado. Pero quizás no sea esta cuestión tan preocupante para los defensores de la ortodoxia liberal de los principios constitucionales de 1853/60 como la idea de abandonar la parte dogmática de nuestra Ley Fundamental.
A esos grupos se han sumado en los últimos días varios gobernadores, que apoyaron una reforma constitucional que contemple la posible reelección de Cristina Kirchner. Entre ellos, el sanjuanino José Luis Gioja, el mendocino Francisco Pérez y el neuquino Jorge Sapag . Este último, líder del Movimiento Popular Neuquino, aportó un argumento que no se escuchaba desde que el menemismo pretendió forzar sin éxito la segunda reelección de su jefe. Sugirió que la reelección no requeriría la convocatoria a una Convención Reformadora, sino que bastaría con una simple enmienda, ya que "la posibilidad de renovar cargos no afecta el espíritu de la Constitución", al tiempo que "es el pueblo el que en definitiva decide". En sintonía con ese criterio, el presidente de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez, afirmó que "cada pueblo es soberano de elegir su propio destino".
El artículo 30 de la Constitución establece con absoluta claridad que una reforma total o parcial sólo podrá efectuarse por una Convención convocada al efecto con dos tercios de los miembros del Congreso.
Pero las chicanas y las actitudes serviles estarán a la orden del día. Sobre todo en el presente contexto de limitaciones financieras y donde el gobernador de Córdoba, José Manuel de la Sota, inició una suerte de rebelión fiscal, a la que ha anunciado su apoyo el mandatario de Corrientes, Ricardo Colombi. Además de deudas previsionales de la Nación, estas provincias reclaman el fin del pacto fiscal de 1992, por el cual se les retiene el 15% de sus recursos coparticipables, que son redirigidos a la Anses.
Con el fin de evitar que los reclamos provinciales se multipliquen, el gobierno nacional está llamando a algunos gobernadores para ofrecerles arreglar sus problemas financieros de otra manera. La moneda de cambio es, como de costumbre, el alineamiento político. Las declaraciones de apoyo a la segunda reelección de Cristina Kirchner de ciertos mandatarios provinciales son una manifestación de estas negociaciones.
El escenario se puede complicar en función de que el gobierno nacional pretende tercerizar los ajustes y transferir cualquier costo político a las provincias, al tiempo que aspira a digitar el año próximo las listas de candidatos a cargos legislativos, prescindiendo de los caudillos locales y confiriendo el monopolio de la lapicera a la presidenta de la Nación. Parece demasiado, si además se tiene en cuenta que el porcentaje de los recursos nacionales que el Gobierno distribuye entre las provincias viene cayendo en los últimos años, hasta ubicarse actualmente en torno del 25%. La razón de esta caída obedece al cada vez mayor peso que tienen en la recaudación las retenciones a las exportaciones, que sólo se coparticipan con los distritos provinciales en una porción muy menor.
Mientras se extiende la política de sometimiento fiscal del Estado nacional a las provincias, algunos impulsores de la reforma constitucional bregan por "un país federal, para que con el petróleo de Santa Cruz podamos hacer una escuela en el Chaco o con el oro, la plata o el cobre de San Juan, La Rioja y Catamarca podamos hacer un hospital en Formosa". El riesgo es que la nueva Constitución termine reforzando el centralismo y el unitarismo fiscal y concentrando, como ahora, la ejecución de las obras públicas provinciales en una oficina cercana a la Casa Rosada en la que se digitan concesionarios y proveedores.
Alguna vez la Presidenta confió que, en 1976, Néstor Kirchner le había expresado que para dedicarse en el futuro a la política necesitaba hacer dinero. Eso motivó su regreso de La Plata a Santa Cruz, donde en tiempos de la dictadura militar se benefició como abogado de entidades financieras de las consecuencias que a muchos deudores les generó la recordada circular 1050. La obsesión por el dinero les dura a los Kirchner hasta ahora.
Un vocero de un grupo empresarial, acostumbrado a codearse con funcionarios gubernamentales y a contar anécdotas sobre dirigentes de La Cámpora que ocupan cargos de directores en empresas privadas donde la Anses tiene participación, explicó la lógica que hoy impera en el neokirchnerismo: "Si ven que una compañía privada vinculada al sector público gana buen dinero, inmediatamente se preguntan por qué su trabajo no puede ser hecho por el Estado".
El pasaje del capitalismo de amigos al capitalismo de Estado, especialmente tras los casos emblemáticos de YPF y de la ex Ciccone, está provocando pánico hasta en empresarios que se suponían afines al oficialismo. A tal punto que cerca de Cristóbal López, uno de los zares del juego y beneficiario de gran número de concesiones del Estado, se comenta que su decisión de adquirir los medios audiovisuales de Daniel Hadad obedeció a su intención de "blindarse" frente a un eventual avance del gobierno cristinista contra alguno de sus negocios.
No hay dudas de que cualquier proyecto de nueva Constitución desde el kirchnerismo contemplará un avance del estatismo y una economía cada vez más cerrada al mundo. Forster brinda un anticipo: "Una Constitución es una escritura en movimiento. Cada Constitución es reflejo de un proyecto de país. La vigente, hija del Pacto de Olivos y parida por el Consenso de Washington, fue pensada para el proyecto neoliberal de sumisión de la Nación, de extranjerización de la economía, de saqueo de los recursos naturales y de exclusión de millones de argentinos. Fue dictada cuando se proclamaba la muerte de las ideologías y el fin del Estado Nación. Se la escribió contra el pueblo y contra los intereses nacionales". ¿Habrá recordado que Néstor y Cristina Kirchner estuvieron entre sus firmantes?
En gran parte de la oposición, existe el convencimiento de que el impulso a una nueva Constitución escrita con K es inexorable. "Es inevitable. El populismo no tiene sucesión", confió el diputado radical Ricardo Gil Lavedra, al tiempo que desde la conducción del radicalismo ya se trabaja en un compromiso democrático con otras fuerzas para rechazar cualquier proyecto reeleccionista. Mauricio Macri comenzó a denunciar que el cristinismo pretende que la Argentina se parezca cada vez más a la Venezuela de Chávez y también se apresta al combate. Más irónico, el peronista Julio Bárbaro convoca a dar batalla al "stalinismo de Puerto Madero".
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