El gobernador del estado Táchira, José Gregorio Vielma Mora junto a los mandatarios regionales de Mérida, Carabobo y Aragua, así como el jefe del Comando Regional N° 1 de la Guardia Nacional Bolivariana, entre otros funcionarios, fue acusado ante la Corte Penal Internacional de La Haya "por los ataques sistemáticos contra la población civil … todos tipificados en el Estatuto de Roma como crímenes de lesa humanidad", de acuerdo a un comunicado emitido por la organización no gubernamental Plataforma Democrática de Venezolanos en Madrid que dirige el abogado tachirense-español, Williams Cárdenas Rubio.
A continuación el texto completo del comunicado.
COMUNICADO DE LA PLATAFORMA DEMOCRÁTICA DE VENEZOLANOS EN MADRID Y LA CAMPAÑA INTERNACIONAL "Juzgar a Chávez"
La Plataforma Democrática de Venezolanos en Madrid (PDVM), se dirige a la opinión pública para manifestar:
PRIMERO: Una vez conocidos los crímenes ocurridos en Venezuela, en fecha 13 de febrero del presente año acudimos a las instituciones europeas, Parlamento, Comisión, Consejo y Alta Comisionado de Asuntos Exteriores, para solicitar la condena de la violenta represión ejercida por el régimen de Nicolás Maduro Moros y Diosdado Cabello Rondón en contra de los estudiantes venezolanos en particular, y de la sociedad civil en general.
SEGUNDO: El 2 de abril del presente año, habida cuenta de la subordinación del sistema judicial venezolano al poder ejecutivo, denunciamos ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional de La Haya, Holanda, a Nicolás Maduro Moros; Diosdado Cabello Rondón; la ministra de la Defensa Carmen Meléndez; el ministro del Interior Miguel Rodríguez Torres; los gobernadores de Táchira, Carabobo, Mérida y Aragua; y a los comandantes de los CORE 1, 2 y 5 de la Guardia Nacional, por los ataques sistemáticos y generalizados contra una parte de la población civil, por razones políticas, que se han traducido en el asesinato de 42 personas, mas de 650 heridos, mas de 2000 detenciones ilegales, 70 casos de torturas y tratos inhumanos, desaparecidos y persecución política, todos tipificados en el Estatuto de Roma como crímenes de lesa humanidad, por las características y condiciones en las que se han producido, a fin de que se active la jurisdicción complementaria de dicha Corte.
TERCERO: El 3 de abril, informamos a la Fiscalía General del Estado español, que entre las víctimas de esos hechos se encuentran ciudadanos de nacionalidad española que están amparados por los principios constitucionales de tutela judicial efectiva y justicia universal, denuncia que ha sido trasladada a la Fiscalía de la Audiencia Nacional.
CUARTO: El 7 de abril, mas de 130 parlamentarios latinoamericanos, integrados en la Alianza de Parlamentarios Democráticos de América (APDA), presidido por D. Adrián Oliva, presentaron ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional de La Haya, Holanda, una denuncia contra Nicolás Maduro Moros, Diosdado Cabello Rondón, Maria Gabriela Ramírez y Luisa Ortega, por la comisión de crímenes de lesa humanidad, en una acción sin precedentes en nuestra historia política, por la que grupos de parlamentarios de todas las tendencias políticas de América Latina, dan un paso al frente para solicitar el castigo de estos crímenes.
QUINTO: El mismo 7 de abril, informamos a Dª Navy Pillay, Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidad en Ginebra, Suiza, de los crímenes de lesa humanidad ocurridos en Venezuela, de su denuncia ante la Fiscalía de la CPI, y le solicitamos abogara por la aplicación de la "Fórmula Arria", para que las víctimas y/o sus representantes sean escuchados en el Consejo de Derechos Humanos y el Consejo de Seguridad de dicha organización internacional.
SEXTO: La PDVM, por estar plenamente convencida de que la justicia venezolana no está en condiciones de adelantar la investigación imparcial de estos crímenes por estar totalmente subordinada al régimen, como ha quedado reiteramaente demostrado, y que el régimen hará lo posible para sustraer a los verdaderos responsables de la acción de la justicia nacional, solicita a todos los factores políticos, económicos y sociales que integran la oposición venezolana, brindar su apoyo solidario a las denuncias iniciadas ante instancias internacionales, y unificar esfuerzos a fin de que se puedan materializar estas investigaciones, que garantizan imparcialidad, como unica posibilidad de que los responsables de los graves crímenes cometidos recientemente en Venezuela sean castigados por la justicia.
Madrid, 28 de abril de 2014
LA JUNTA DIRECTIVA
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