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miércoles, 2 de julio de 2014

Todos contra el régimen de Maduro- URGENTE-

La indignación de FANB, grupos civiles armados y empleados públicos contra Nicolás Maduro




En los cuarteles militares hay profundo malestar por los ascensos que ha anunciado Nicolás Maduro, ya que se espera estos sean derivados de sus méritos y logros, como sería obvio, pero parece ser que Maduro ha decidido utilizar estos ascensos para cumplir con sus exigencias para continuar recibiendo su crucial apoyo en estos momentos que el régimen de Maduro se encuentra en la cuerda floja.

Maduro sabe plenamente, que sin el apoyo de estos militares corruptos y vendidos al mejor postor, su permanencia en el poder sería nula, y es por esto que solamente ha decidido ascender a aquellos que considera piezas claves para sus fines, uceso por el que el resto de militares se han sumido en gran descontento.

Maduro se queda solo entre sus militares, la imposibilidad de este para complacer a todos se reduce, y ha llegado la hora para el de escoger el premio solamente para quienes, sin importar su juramento patriota, le respalden para sostener su régimen a costa de levantar la armas contra el mismo pueblo, tal y como viene sucediendo desde el pasado mes de febrero.





Si las filas militares se cierran lentamente en contra de Maduro, por la parte civil chavista sucede lo mismo: tanto milicias bolivarianas, como otros grupos de civiles armados por el régimen creados con la excusa de defender al precio que sea la mal llamada revolución y los ideales del "comandante eterno", se sumergen en total descontento puesto que el dinero para cancelar sus servicios ha comenzado a escasear y la deuda para con estos crece cada día, sin que el régimen busque solución alguna, esto está causando malestar entre estos y ya hay numerosos miembros que se niegan a cumplir con las ordenes del régimen de atacar a civiles en las calles.





Maduro se tambalea en su régimen, el temor está latente, su grupo de escoltas personal asciende a más de 40 patrullas en cada desplazamiento, hay incertidumbre en Miraflores, su presidente no tiene sitio fijo para descansar en la noches, las horas de sueño de Maduro se reducen a dos y tres, preparado avión de alta autonomía de vuelo para cualquier emergencia, el poder se sale de las manos a Nicolás Maduro, ordena incluso hacer cortes de luz en todo el territorio para aplacar las protestas, aumenta el número de desaparecidos, Cuba ha comenzado a dar la espalda a su pupilo y ya busca otros caminos para acercarse al gobierno Obama.





El caos comienza en los empleados públicos, a falta de dinero para cancelar salarios y primas de mitad de año, el régimen busca dinero desesperadamente, si los militares se han volteado, si los grupos civiles armados por el régimen se han ido en su contra, más aún los civiles al no ver el producto de su trabajo entregado... ha comenzado el fin para Nicolás Maduro.




sábado, 10 de mayo de 2014

Vea aquí lista de venezolanos sancionados en U.S.

Ley de sanciones para funcionarios venezolanos va al Congreso de EEUU



Un grupo de legisladores estadounidenses espera este viernes 9 de mayo que el Congreso apruebe un proyecto de ley que insta al presidente Barack Obama a imponer sanciones contra funcionarios del Gobierno de Venezuela vinculados con la represión luego de las protestas que se iniciaron el pasado 12 de febrero.

El proyecto de ley de "Libertad Venezolana y Protección Democrática" o "H.R. 4587", fue presentada en marzo por los congresistas republicanos por Florida Ileana Ros-Lehtinen y Mario Díaz-Balart, acompañados de cinco legisladores del partido Demócrata, y apunta a "sancionar a violadores de derechos humanos del régimen de Nicolás Maduro", cita la exposición de motivos.

En la actualidad nueve altos funcionarios acumulan sanciones de Estados Unidos por supuestos nexos con el narcotráfico y las guerrillas colombianas, entre ellos Ramón Rodríguez Chacín, exministro del Interior y actual gobernador de Guárico; el general Hugo Carvajal, exdirector de Inteligencia Militar; y el exjefe del CEO de las Fuerzas Armadas, general Henry Rangel Silva.

En concreto la H.R. 4587 pide la negación de visas para entrar a EEUU, bloqueo de propiedades, congelación de bienes, y prohibición de transacciones financieras a miembros del gobierno venezolano que "hayan cometido graves violaciones contra los derechos humanos en Venezuela".

También serán objeto de la sanción quienes hayan dirigido u ordenado el arresto y persecución de personas en el ejercicio de su legítimo derecho a la libertad de expresión y quienes hayan asistido o provisto de ayuda a los responsables de esas violaciones de derechos humanos.

A su vez, hace una declaración política que exige al Gobierno estadounidense reducir las importaciones de petróleo venezolano; insta al Presidente a presentar al Congreso un reporte sobre personas que auparan la censura u otras actividades que penalicen el ejercicio de la libertad de expresión.

El proyecto de ley contempla impulsar sanciones para "evitar la venta de tecnología de doble uso que Venezuela podría utilizar para cometer abusos contra los derechos humanos", como bloque de páginas de Internet o interceptación ilegal de comunicaciones.

Una partida de tres millones de dólares se pondrá a disposición para la asistencia a la sociedad civil venezolana, si la ley resultase aprobada.

La H.R. 4587 pasará su primera ronda legislativa por el Comité de Relaciones Exteriores del Congreso, para luego caer en el pleno de esa Cámara y, de ser respaldada, deberá ser aceptada también por el Senado para que entre en vigor tras su firma por el presidente Obama , que también podría vetarla .

Esta nueva legislación H.R. 4587 es una versión revisada de la H.R. 4229 o "Ley de Libertad Venezolana y Solidaridad Democrática", que Ros-Lehtinen también presentó el 13 de marzo del 2014.

Es mismo mes el senador republicano de Florida Marco Rubio y su colega demócrata Bill Nelson presentaron un proyecto de ley similar para imponer sanciones al Gobierno de Venezuela. La iniciativa contó con el respaldo del presidente del Comité de Relaciones Exteriores, el demócrata de Nueva Jersey, Bob Menéndez, recordaba Efe.

Este jueves el senador Rubio , en una audiencia celebrada ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado estadounidense, presentó una lista con 23 nombre de funcionarios de Venezuela que deberían ser sancionados por la represión de las protestas, entre los cuales estaban la fiscal g eneral Luisa Ortega Díaz, el ministro del Interior Miguel Rodriguez Torres, y 10 militares activos.

Lobby en Washington

El clima de tensión entre ambos países llevó a que el lobby chavista al interior de Estados Unidos expresara en marzo pasado su preocupación por los eventos que están ocurriendo en Venezuela, al grado de que advirtiesen al Gobierno de Maduro que "el ambiente en Washington está cambiando y es tenso a diferencia de antes".

Asesores del Gobierno venezolano manejaban en marzo una lista potencial de al menos 30 funcionarios de alto y mediano rango vinculados a su gabinete de seguridad y militar que podrían sufrir algún tipo de sanción de EEUU luego de que congresistas de ese país presentaran los proyectos de ley para que se imponga sanciones.

Una carta clave

El Congreso puede crear una ley especial para el caso venezolano, como ocurrió con la llamada "Ley de Magnitsky", un proyecto bipartidista que fue aprobado por ese poder en diciembre de 2012, el cual sanciona única y exclusivamente a los responsables del asesinato del abogado Sergei Magnitsky que murió en una prisión de Moscú después de investigar un fraude relacionado con funcionarios fiscales rusos. La medida prohíbe sus entradas a Estados Unidos y el uso de su sistema bancario.

La Lista de Narcotraficantes Activos sancionados por EEUU ya incluye a nueve altos funcionarios venezolanos, entre militares, un diplomático y políticos ligados al oficialismo, que a pesar de las denuncias en su contra siguen escalando posiciones dentro del alto gobierno.

En agosto de 2013 el Departamento del Tesoro de EEUU designó al capitán retirado de la Guardia Nacional Bolivariana Vassyly Kotosky Villarroel Ramírez, como "un capo de la droga" con nexos internacionales conforme a la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros del Narcotráfico (Kingpin Act).

Desde 2008 hasta agosto de 2013 la lista de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros del Tesoro (OFAC) ha dado un salto preocupante porque a diferencia de otros países de la región, Venezuela es el único donde en un período de cuatro años personalidades con conexión directa al Ejecutivo son vinculados con drogas y terrorismo.


Estos funcionarios chavistas serían sancionados cuando se apruebe por completo proyecto en Congreso de EE.UU.





Este jueves el senador Marco Rubio dio algunos nombres que podrían ser objeto de sanciones en caso de que se apruebe la medida solicitada.

Esta es la lista de funcionarios que considera Marco Rubio deben ser sancionados:

Luisa Ortega Díaz
Gabriela Ramírez
Luis Alberto Coronel
Miguel Vivas Landín
Francisco Rangel Gómez
Henry Rangel Silva
Jose Gregorio Vielma Mora
Comandante José Manuel La Guardia
Sergio Rivero
Antonio Benavides
Franklin García Duque
Arqquímedes Herrera Ruso
Manuel Quevedo Colmenares
Ministro Miguel Rodríguez Torres
Marcos Rojas Figueroa
Manuel Pérez Urdaneta
Manuel Gregorio Bernal

Publicado el 09 Mayo 2014

Fuentes: Redacción NTN24




During today’s Senate Foreign Relations Committee hearing discussing the ongoing political crisis in Venezuela, Senator Rubio argued for the need to impose sanctions on the following 23 individuals he says are responsible for human rights violations in the country:

Name

Position

Organization

Aref Eduardo Richany Jiménez

General Director

Directorate of Armaments and Explosives (DAEX)

Julio César Morales Prieto

General Director

Directorate of Armaments and Explosives (DAEX)

Hugo Carvajal

Director

Directorate of Military Intelligence

Iván Hernández Dala

Director

General Directorate of Military Counterintelligence

Luisa Ortega Diaz

General Prosecutor

Office of the General Prosecutor

Luis Alberto Arrayago Coronel

Chief of the Regional Command Number 8

National Bolivarian Armed Forces

Miguel Vivas Landino

Chief Strategic Region of Integral Defense of the Andes

National Bolivarian Armed Forces

Francisco Rangel Gómez

Governor

Governorship Bolívar State

Alexis Ramírez

Governor

Governorship Mérida State

Jose Gregorio Vielma Mora

Governor

Governorship Táchira State

Henry Rangel Silva

Governor

Governorship Trujillo State

Aquíles Rojas Patiño

Commander of the "Guardia del Pueblo" Regiment

Bolivarian National Guard

Justo Jose Noguera Pietri

Commander General

Bolivarian National Guard

Sergio Rivero Marcano

National Commander, Guardia del Pueblo

Bolivarian National Guard

Antonio Benavides Torres

Director of Operations

Bolivarian National Guard

Franklin Garcia Duque

Chief of the Regional Command Number 1

Bolivarian National Guard

Arquímedes Herrera Ruso

Chief of the Regional Command Number 2

Bolivarian National Guard

Manuel José Graterol Colmenarez

Chief of the Regional Command Number 3

Bolivarian National Guard

Octavio Chacón

Chief of the Regional Command Number 4

Bolivarian National Guard

Manuel Quevedo

Chief of the Regional Command Number 5

Bolivarian National Guard

Gustavo Colmenares

Chief of the Operative Zone of Integral Defense

Venezuelan Navy

Miguel Rodriguez Torres

Minister

Ministry of Interior, Justice, and Peace

Marcos Rojas Figueroa

Vice Minister of the Integral Police System

Ministry of Interior, Justice, and Peace

Hebert Garcia Plaza

Vice Minister of Services

Ministry of Defense

Manuel Eduardo Pérez Urdaneta

Director

Bolivarian National Police

Gustavo Enrique González López

Director General

Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN) (Intelligence Services)

Manuel Gregorio Bernal Martínez

Director General - removed on Feb 18

Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN) (intelligence Services)









lunes, 5 de mayo de 2014

Venezolanos en Madrid denuncian régimen Maduro en C.P.I

Acusan en la Corte Penal Internacional de La Haya a funcionarios y militares del régimen de Nicolás Maduro



El gobernador del estado Táchira, José Gregorio Vielma Mora junto a los mandatarios regionales de Mérida, Carabobo y Aragua, así como el jefe del Comando Regional N° 1 de la Guardia Nacional Bolivariana, entre otros funcionarios, fue acusado ante la Corte Penal Internacional de La Haya "por los ataques sistemáticos contra la población civil … todos tipificados en el Estatuto de Roma como crímenes de lesa humanidad", de acuerdo a un comunicado emitido por la organización no gubernamental Plataforma Democrática de Venezolanos en Madrid que dirige el abogado tachirense-español, Williams Cárdenas Rubio.





A continuación el texto completo del comunicado.

COMUNICADO DE LA PLATAFORMA DEMOCRÁTICA DE VENEZOLANOS EN MADRID Y LA CAMPAÑA INTERNACIONAL "Juzgar a Chávez" 

La Plataforma Democrática de Venezolanos en Madrid (PDVM), se dirige a la opinión pública para manifestar:

PRIMERO: Una vez conocidos los crímenes ocurridos en Venezuela, en fecha 13 de febrero del presente año acudimos a las instituciones europeas, Parlamento, Comisión, Consejo y Alta Comisionado de Asuntos Exteriores, para solicitar la condena de la violenta represión ejercida por el régimen de Nicolás Maduro Moros y Diosdado Cabello Rondón en contra de los estudiantes venezolanos en particular, y de la sociedad civil en general.

SEGUNDO: El 2 de abril del presente año, habida cuenta de la subordinación del sistema judicial venezolano al poder ejecutivo, denunciamos ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional de La Haya, Holanda, a Nicolás Maduro Moros; Diosdado Cabello Rondón; la ministra de la Defensa Carmen Meléndez; el ministro del Interior Miguel Rodríguez Torres; los gobernadores de Táchira, Carabobo, Mérida y Aragua; y a los comandantes de los CORE 1, 2 y 5 de la Guardia Nacional, por los ataques sistemáticos y generalizados contra una parte de la población civil, por razones políticas, que se han traducido en el asesinato de 42 personas, mas de 650 heridos, mas de 2000 detenciones ilegales, 70 casos de torturas y tratos inhumanos, desaparecidos y persecución política, todos tipificados en el Estatuto de Roma como crímenes de lesa humanidad, por las características y condiciones en las que se han producido, a fin de que se active la jurisdicción complementaria de dicha Corte.

TERCERO: El 3 de abril, informamos a la Fiscalía General del Estado español, que entre las víctimas de esos hechos se encuentran ciudadanos de nacionalidad española que están amparados por los principios constitucionales de tutela judicial efectiva y justicia universal, denuncia que ha sido trasladada a la Fiscalía de la Audiencia Nacional.

CUARTO: El 7 de abril, mas de 130 parlamentarios latinoamericanos, integrados en la Alianza de Parlamentarios Democráticos de América (APDA), presidido por D. Adrián Oliva, presentaron ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional de La Haya, Holanda, una denuncia contra Nicolás Maduro Moros, Diosdado Cabello Rondón, Maria Gabriela Ramírez y Luisa Ortega, por la comisión de crímenes de lesa humanidad, en una acción sin precedentes en nuestra historia política, por la que grupos de parlamentarios de todas las tendencias políticas de América Latina, dan un paso al frente para solicitar el castigo de estos crímenes.

QUINTO: El mismo 7 de abril, informamos a Dª Navy Pillay, Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidad en Ginebra, Suiza, de los crímenes de lesa humanidad ocurridos en Venezuela, de su denuncia ante la Fiscalía de la CPI, y le solicitamos abogara por la aplicación de la "Fórmula Arria", para que las víctimas y/o sus representantes sean escuchados en el Consejo de Derechos Humanos y el Consejo de Seguridad de dicha organización internacional.

SEXTO: La PDVM, por estar plenamente convencida de que la justicia venezolana no está en condiciones de adelantar la investigación imparcial de estos crímenes por estar totalmente subordinada al régimen, como ha quedado reiteramaente demostrado, y que el régimen hará lo posible para sustraer a los verdaderos responsables de la acción de la justicia nacional, solicita a todos los factores políticos, económicos y sociales que integran la oposición venezolana, brindar su apoyo solidario a las denuncias iniciadas ante instancias internacionales, y unificar esfuerzos a fin de que se puedan materializar estas investigaciones, que garantizan imparcialidad, como unica posibilidad de que los responsables de los graves crímenes cometidos recientemente en Venezuela sean castigados por la justicia.

Madrid, 28 de abril de 2014

LA JUNTA DIRECTIVA