Vea aquí lista de venezolanos sancionados en U.S.

Ley de sanciones para funcionarios venezolanos va al Congreso de EEUU

Un grupo de legisladores estadounidenses espera este viernes 9 de mayo que el Congreso apruebe un proyecto de ley que insta al presidente Barack Obama a imponer sanciones contra funcionarios del Gobierno de Venezuela vinculados con la represión luego de las protestas que se iniciaron el pasado 12 de febrero.

El proyecto de ley de "Libertad Venezolana y Protección Democrática" o "H.R. 4587", fue presentada en marzo por los congresistas republicanos por Florida Ileana Ros-Lehtinen y Mario Díaz-Balart, acompañados de cinco legisladores del partido Demócrata, y apunta a "sancionar a violadores de derechos humanos del régimen de Nicolás Maduro", cita la exposición de motivos.

En la actualidad nueve altos funcionarios acumulan sanciones de Estados Unidos por supuestos nexos con el narcotráfico y las guerrillas colombianas, entre ellos Ramón Rodríguez Chacín, exministro del Interior y actual gobernador de Guárico; el general Hugo Carvajal, exdirector de Inteligencia Militar; y el exjefe del CEO de las Fuerzas Armadas, general Henry Rangel Silva.

En concreto la H.R. 4587 pide la negación de visas para entrar a EEUU, bloqueo de propiedades, congelación de bienes, y prohibición de transacciones financieras a miembros del gobierno venezolano que "hayan cometido graves violaciones contra los derechos humanos en Venezuela".

También serán objeto de la sanción quienes hayan dirigido u ordenado el arresto y persecución de personas en el ejercicio de su legítimo derecho a la libertad de expresión y quienes hayan asistido o provisto de ayuda a los responsables de esas violaciones de derechos humanos.

A su vez, hace una declaración política que exige al Gobierno estadounidense reducir las importaciones de petróleo venezolano; insta al Presidente a presentar al Congreso un reporte sobre personas que auparan la censura u otras actividades que penalicen el ejercicio de la libertad de expresión.

El proyecto de ley contempla impulsar sanciones para "evitar la venta de tecnología de doble uso que Venezuela podría utilizar para cometer abusos contra los derechos humanos", como bloque de páginas de Internet o interceptación ilegal de comunicaciones.

Una partida de tres millones de dólares se pondrá a disposición para la asistencia a la sociedad civil venezolana, si la ley resultase aprobada.

La H.R. 4587 pasará su primera ronda legislativa por el Comité de Relaciones Exteriores del Congreso, para luego caer en el pleno de esa Cámara y, de ser respaldada, deberá ser aceptada también por el Senado para que entre en vigor tras su firma por el presidente Obama , que también podría vetarla .

Esta nueva legislación H.R. 4587 es una versión revisada de la H.R. 4229 o "Ley de Libertad Venezolana y Solidaridad Democrática", que Ros-Lehtinen también presentó el 13 de marzo del 2014.

Es mismo mes el senador republicano de Florida Marco Rubio y su colega demócrata Bill Nelson presentaron un proyecto de ley similar para imponer sanciones al Gobierno de Venezuela. La iniciativa contó con el respaldo del presidente del Comité de Relaciones Exteriores, el demócrata de Nueva Jersey, Bob Menéndez, recordaba Efe.

Este jueves el senador Rubio , en una audiencia celebrada ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado estadounidense, presentó una lista con 23 nombre de funcionarios de Venezuela que deberían ser sancionados por la represión de las protestas, entre los cuales estaban la fiscal g eneral Luisa Ortega Díaz, el ministro del Interior Miguel Rodriguez Torres, y 10 militares activos.

Lobby en Washington

El clima de tensión entre ambos países llevó a que el lobby chavista al interior de Estados Unidos expresara en marzo pasado su preocupación por los eventos que están ocurriendo en Venezuela, al grado de que advirtiesen al Gobierno de Maduro que "el ambiente en Washington está cambiando y es tenso a diferencia de antes".

Asesores del Gobierno venezolano manejaban en marzo una lista potencial de al menos 30 funcionarios de alto y mediano rango vinculados a su gabinete de seguridad y militar que podrían sufrir algún tipo de sanción de EEUU luego de que congresistas de ese país presentaran los proyectos de ley para que se imponga sanciones.

Una carta clave

El Congreso puede crear una ley especial para el caso venezolano, como ocurrió con la llamada "Ley de Magnitsky", un proyecto bipartidista que fue aprobado por ese poder en diciembre de 2012, el cual sanciona única y exclusivamente a los responsables del asesinato del abogado Sergei Magnitsky que murió en una prisión de Moscú después de investigar un fraude relacionado con funcionarios fiscales rusos. La medida prohíbe sus entradas a Estados Unidos y el uso de su sistema bancario.

La Lista de Narcotraficantes Activos sancionados por EEUU ya incluye a nueve altos funcionarios venezolanos, entre militares, un diplomático y políticos ligados al oficialismo, que a pesar de las denuncias en su contra siguen escalando posiciones dentro del alto gobierno.

En agosto de 2013 el Departamento del Tesoro de EEUU designó al capitán retirado de la Guardia Nacional Bolivariana Vassyly Kotosky Villarroel Ramírez, como "un capo de la droga" con nexos internacionales conforme a la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros del Narcotráfico (Kingpin Act).

Desde 2008 hasta agosto de 2013 la lista de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros del Tesoro (OFAC) ha dado un salto preocupante porque a diferencia de otros países de la región, Venezuela es el único donde en un período de cuatro años personalidades con conexión directa al Ejecutivo son vinculados con drogas y terrorismo.

Estos funcionarios chavistas serían sancionados cuando se apruebe por completo proyecto en Congreso de EE.UU.

Este jueves el senador Marco Rubio dio algunos nombres que podrían ser objeto de sanciones en caso de que se apruebe la medida solicitada.

Esta es la lista de funcionarios que considera Marco Rubio deben ser sancionados:

Luisa Ortega Díaz
Gabriela Ramírez
Luis Alberto Coronel
Miguel Vivas Landín
Francisco Rangel Gómez
Henry Rangel Silva
Jose Gregorio Vielma Mora
Comandante José Manuel La Guardia
Sergio Rivero
Antonio Benavides
Franklin García Duque
Arqquímedes Herrera Ruso
Manuel Quevedo Colmenares
Ministro Miguel Rodríguez Torres
Marcos Rojas Figueroa
Manuel Pérez Urdaneta
Manuel Gregorio Bernal

Publicado el 09 Mayo 2014

Fuentes: Redacción NTN24

Senator Rubio Lists 23 Human Rights Violators That Should Be Sanctioned

During today’s Senate Foreign Relations Committee hearing discussing the ongoing political crisis in Venezuela, Senator Rubio argued for the need to impose sanctions on the following 23 individuals he says are responsible for human rights violations in the country:

Name	Position	Organization
Aref Eduardo Richany Jiménez	General Director	Directorate of Armaments and Explosives (DAEX)
Julio César Morales Prieto	General Director	Directorate of Armaments and Explosives (DAEX)
Hugo Carvajal	Director	Directorate of Military Intelligence
Iván Hernández Dala	Director	General Directorate of Military Counterintelligence
Luisa Ortega Diaz	General Prosecutor	Office of the General Prosecutor
Luis Alberto Arrayago Coronel	Chief of the Regional Command Number 8	National Bolivarian Armed Forces
Miguel Vivas Landino	Chief Strategic Region of Integral Defense of the Andes	National Bolivarian Armed Forces
Francisco Rangel Gómez	Governor	Governorship Bolívar State
Alexis Ramírez	Governor	Governorship Mérida State
Jose Gregorio Vielma Mora	Governor	Governorship Táchira State
Henry Rangel Silva	Governor	Governorship Trujillo State
Aquíles Rojas Patiño	Commander of the "Guardia del Pueblo" Regiment	Bolivarian National Guard
Justo Jose Noguera Pietri	Commander General	Bolivarian National Guard
Sergio Rivero Marcano	National Commander, Guardia del Pueblo	Bolivarian National Guard
Antonio Benavides Torres	Director of Operations	Bolivarian National Guard
Franklin Garcia Duque	Chief of the Regional Command Number 1	Bolivarian National Guard
Arquímedes Herrera Ruso	Chief of the Regional Command Number 2	Bolivarian National Guard
Manuel José Graterol Colmenarez	Chief of the Regional Command Number 3	Bolivarian National Guard
Octavio Chacón	Chief of the Regional Command Number 4	Bolivarian National Guard
Manuel Quevedo	Chief of the Regional Command Number 5	Bolivarian National Guard
Gustavo Colmenares	Chief of the Operative Zone of Integral Defense	Venezuelan Navy
Miguel Rodriguez Torres	Minister	Ministry of Interior, Justice, and Peace
Marcos Rojas Figueroa	Vice Minister of the Integral Police System	Ministry of Interior, Justice, and Peace
Hebert Garcia Plaza	Vice Minister of Services	Ministry of Defense
Manuel Eduardo Pérez Urdaneta	Director	Bolivarian National Police
Gustavo Enrique González López	Director General	Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN) (Intelligence Services)
Manuel Gregorio Bernal Martínez	Director General - removed on Feb 18	Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN) (intelligence Services)

Aprobado proyecto en U.S. para sancionar Venezuela

Comité del Congreso de U.S. aprueba proyecto de sanciones a funcionarios venezolanos




El Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó este viernes un proyecto de ley de sanciones contra responsables de abusos de derechos humanos contra manifestantes opositores en Venezuela, reportó AFP.

El proyecto de ley de "protección a los derechos humanos y la democracia en Venezuela", recibió el voto mayoritario del Comité, y ahora será debatido en el plenario de la Cámara. Durante la sesión de testimonios, solo dos congresistas presentaron objeciones.

La votación fue recibida por una explosión de aplausos de decenas de venezolanos en la sala, que llegaron a Washington de varias ciudades estadounidenses para presionar al Congreso, la Casa Blanca y la Organización de Estados Americanos a tomar acciones sobre Venezuela.




"Como fue aprobado de manera apabullante (...), creo que la tendremos pronto en el plenario. Confío en que se aprobará", dijo el presidente del Comité, el republicano Edward Royce.

La aprobación de la legislación "envía un fuerte mensaje a (el presidente venezolano Nicolás) Maduro que el Congreso de Estados Unidos está pendiente de las atrocidades cometidas por su régimen, y que enfrentará las consecuencias", dijo la congresista republicana Ileana Ros-Lehtinen, autora del documento.

La ley está dirigida contra responsables de arrestos por motivos políticos y abusos de derechos humanos contra activistas, y de impedir la labor de periodistas y ciudadanos de informar sobre las protestas antigubernamentales que sacuden Venezuela desde febrero.

Esas personas serían objeto de congelamiento de cuentas y propiedades en Estados Unidos, y se les revocarían visas para entrar a ese país.




El gobierno del presidente Barack Obama sostiene que una respuesta de sanciones no es apropiada por el momento, a solo un mes de iniciadas unas complicadas conversaciones entre el gobierno y el sector moderado de la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD).

El jueves la subsecretaria de Estado adjunta para América Latina, Roberta Jacobson, dijo ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado (que estudia un proyecto de ley similar al de la cámara baja) que la imposición de sanciones sería "contraproducente", aunque dejó abierta esa posibilidad si el diálogo se estanca en Caracas.

'La protesta no debe y no va a parar', dicen opositores

Mientras tanto, opositores al Gobierno de Nicolás Maduro prometieron este viernes que las protestas ganarán fuerza, un día después de que militares apresaron a 247 jóvenes que acampaban en calles y plazas de Caracas, en una jornada que terminó con la muerte de un policía baleado durante enfrentamientos con manifestantes.

"La protesta no debe y no va a parar hasta que en Venezuela haya libertad, democracia y soberanía", dijo Miguel Barreto, un ejecutivo que faltó a su trabajo para levantar una barricada con basura y palos en una calle de una zona acomodada de Caracas, informó Reuters.




Junto a él, una decena de vecinos aún con pijama se unían a una protesta que crecía tras haber mermado en las últimas semanas, mientras estudiantes universitarios volvían a marchar en las principales ciudades y preparaban movilizaciones para el sábado y el lunes, cuando se cumplen tres meses del fallecimiento de tres personas en las primeras manifestaciones.

A unas cuadras de allí, algunos más avezados juraban que volverían a levantar los campamentos arrasados por la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) la madrugada del jueves, lugares que el Gobierno califica como "focos de delincuencia" desde donde se planeaba una "insurrección".

Naciones Unidas critica el 'uso excesivo de la fuerza'

La ONU criticó este viernes el "uso excesivo de la fuerza" por parte del Gobierno de Venezuela para desbaratar las "protestas pacíficas" en Caracas y señaló que ha recibido denuncias sobre falta de información del paradero de manifestantes detenidos.

"Condenamos de manera inequívoca toda violencia, por todas las partes, en Venezuela, pero estamos particularmente preocupados por los reportes acerca del excesivo uso de la fuerza por las autoridades en respuesta a las protestas", dijo en Ginebra el portavoz de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.

La ONU reiteró su petición al Gobierno para que "garantice que la gente no será penalizada por ejercer su derecho a reunirse de forma pacífica y a la libertad de expresión".

La condena de la ONU se suma a las de Amnistía Internacional y Human Rights Watch.

A pesar de haber admitido "excesos" policiales en la represión a las violentas protestas, el Gobierno ha negado rotundamente que en Venezuela se violen los derechos humanos.

Desde la noche del jueves las autoridades liberaron a 12 adolescentes detenidos y cuatro personas con discapacidad auditiva.





La defensora del pueblo, Gabriela Ramírez, confirmó la liberación y condenó "el reclutamiento de adolescentes y personas con necesidades especiales para servir de carne de cañón en actos delictivos".

En Camino sanción de U:S contra Venezuela

Senado de EEUU pone fecha para discutir crisis política en Venezuela

La Comisión de Relaciones Exteriores del Senado analizará el jueves 8 de mayo las violaciones a los derechos humanos cometidas por el régimen de Nicolás Maduro, en una audiencia convocada como parte de los esfuerzos de algunos legisladores estadounidenses por aplicar sanciones contra funcionarios de alto rango del chavismo.

“La audiencia de la próxima semana es una oportunidad para centrar la atención sobre la opresión y los fracasos del régimen de Nicolás Maduro, así como el costo en vidas que ha tenido sobre el pueblo venezolano”, dijo el senador Marco Rubio en un comunicado.

“Es importante que Estados Unidos tome medidas contra individuos que están ordenando o están cometiendo violaciones de los derechos humanos en Venezuela y espero que el Senado adopte los proyectos de ley de sanciones que yo, y otras personas, hemos introducido”, agregó el senador.

Rubio es uno de los auspiciantes originales del Acta por la Defensa de los Derechos Humanos y la Sociedad Civil del 2014, que contempla la introducción de sanciones contra “personas involucradas en serias violaciones de los derechos humanos contra los manifestantes pacíficos de Venezuela”.

De ser aprobada, la resolución autorizaría al Departamento del Tesoro a congelar las cuentas e incautar los bienes de funcionarios del chavismo involucrados en la ola represiva emprendida contra los manifestantes en Venezuela, que ha dejado un saldo de al menos 41 muertos, más de 750 heridos, decenas de denuncias de torturas, y más de 2,000 arrestos.

Personas familiarizadas con la legislación dijeron a el Nuevo Herald que entre los nombres que aparecen en la lista de sanciones están los del gobernador del estado Aragua, Tareck El Aissami, así como José David Cabello —hermano del presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello— y los generales de la Guardia Nacional involucrados directamente en la represión en Venezuela.

La lista también incluye los nombres de personas señaladas como testaferros de funcionarios de alto rango del chavismo.

“En una primera ronda aparecen cerca de unas 30 personas. En la lista final, aparecerían ciento y pico, pero esta primera ronda está centrada en la corrupción, en los represores y en quienes financian los colectivos”, señaló una de las fuentes que habló bajo condición de anonimato.

La represión del régimen de Maduro será el tema central de la audiencia del jueves, en la que tiene previsto testificar la subsecretaria de Estado para el Hemisferio Occidental, Roberta Jacobson.

En el panel también estará presente el ex ministro venezolano de Fomento, Moises Naím, el director de la sección de las Américas de Human Rights Watch, y el ex embajador de Estados Unidos en Venezuela, Patrick Duddy.

Rubio había anunciado previamente que representantes de la oposición venezolana también tienen previsto brindar testimonio en la audiencia.

La iniciativa en el Senado es acompañada por una resolución de características similares introducida en la Cámara de Representantes por legisladores de la Florida.

Pero la del Senado es la que tiene menos obstáculos por delante, y en consecuencia, la que podría ser adoptada con mayor rapidez, explicó la congresista Ileana Ros-Lehtinen.

Y ambas iniciativas buscan corregir lo que legisladores republicanos consideran es la falta de acción sobre la situación de Venezuela por parte de la administración de Barack Obama, que en realidad ya está facultada para aplicar sanciones contra los represores chavistas.

“La mejor ruta es que el presidente, usando los poderes que él ya tiene, imponga estas restricciones. El ya lo ha hecho con Sudán del Sur, con Irán y con Siria y con otros países y no entendemos por qué el caso de Venezuela no merece ese trato”, comentó recientemente Ros-Lehtinen en una entrevista con el Nuevo Herald.

La audiencia está siendo organizada en medio de la acumulación de evidencia de que el régimen de Maduro le ha dado carta blanca a miembros de la Guardia Nacional y a grupos paramilitares armados, conocidos como colectivos, para que emprendan acciones violentas contra los jóvenes manifestantes.

Cientos de fotografías y videos tomados en las manifestaciones muestran como estas fuerzas del chavismo disparan abiertamente contra los manifestantes y en otras ocasiones los golpean salvajemente cuando se encuentran indefensos en el suelo.

Las denuncian también son acompañadas por testimonios y evidencias de torturas. Algunos estudiantes denunciaron haber sido sometidos a descargas eléctricas y constantes golpes cuando ya se encontraban bajo custodia de las autoridades.

Organizaciones No Gubernamentales que velan por los derechos humanos en el país sudamericano también han advertido sobre el alarmante uso de armas de fuego durante la represión, con muchos de los lesionados presentando heridas de bala.

Marco Rubio pide actuar contra Maduro

Senador Rubio pidió al Senado de Estados Unidos actuar contra Nicolás Maduro




Mostrando fotografías sobre todos los acontecimientos que han ocurrido en Venezuela durante el último mes y medio, el senador estadounidense Marco Rubio pidió al Senado de Estados Unidos actuar contra el Gobierno de Nicolás Maduro y sus funcionarios y propuso sancionar a quienes tengan “cuentas bancarias, mansiones y fortunas" en la nación norteamericana y que estén ligados al mandatario nacional.

Con gigantografías sobre las marchas opositoras y las agresiones que han sufrido muchos venezolanos por parte de efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana y cuerpos policiales, Rubio pidió a sus homólogos hacer algo ante esta situación durante una polémica intervención por lo fuerte de sus denuncias y la elocuencia de sus declaraciones.


“A lo largo de esta semana estaré preparando propuestas e ideas sobre lo que nosotros necesitamos hacer, las sanciones que debemos establecer en contra de los individuos responsables de estas atrocidades”, enfatizó el legislador. Rubio calificó como “criminal” al presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Diosdado Cabello, y criticó que EE.UU otorgue fondo de los contribuyentes estadounidenses a la Organización de Estados Americanos (OEA) “si no puede solucionar un problema en nuestro hemisferio”.

Tras una extensa crítica a la dictadura cubana, aseguró que lo que mejor saben hacer los Castro es reprimir al pueblo de la isla y que ese método de control lo exportan. “Han exportado represión, en tiempo real y en nuestro hemisferio, ahora mismo”, dijo visiblemente molesto, antes de pasar a enumerar las denuncias sobre Venezuela.

La primera fotografía que mostró el senador por Florida fue la del dirigente opositor Leopoldo López cuando era apresado por la GNB en Caracas. Denunció que fue detenido solo por protestar contra el Gobierno de Maduro y calificó a los funcionarios venezolanos como unas “marionetas” de La Habana. Añadió que agentes militares cubanos están infiltrados en este país a cambio del petróleo barato y gratis que se le provee.



El asesinato de la estudiante y modelo carabobeña Génesis Carmona fue la segunda denuncia de Rubio ante el senado. “Ella es una reina de belleza y estudiante en Valencia y está en esa motocicleta porque el Gobierno de Venezuela y los criminales llamados grupos civiles que ellos armaron, otra exportación de Cuba, le dispararon en la cabeza”.

Una imagen con seguidores de Leopoldo López siendo reprimidos por una ballena de la GNB fue la tercera mostrada al Senado. Rubio denunció que está situación está ocurriendo desde hace dos semanas. “Cañones de agua tumbando a gente al piso. ¿Por qué? Porque protestan contra el gobierno.

La imagen del traslado del estudiante Bassil da Costa herido mortalmente también fue mostrada por Rubio, quien aseguró que el joven fue asesinado por fuerzas de seguridad y grupos pregobierno en Caracas.

Reprochó que sólo tres jefes de Estado del Hemisferio se hayan pronunciado sobre lo que está ocurriendo en Venezuela. “Es vergonzoso que muchos miembros del Congreso viajaran a Venezuela, fuesen amigos de Chávez y asistieran a su funeral y estar sentados sin decir nada mientras todo esto ocurre”.

Mostró una bomba lacrimógena hecha en Brasil y añadió que también hay fabricadas en EE.UU. “El Ministerio del Interior de Venezuela autorizó a francotiradores para que viajaran al estado de Táchira, para que le dispararán a los manifestantes”, denunció.



Más represión

Rubio aseguró en su exposición que hasta el momento hay más de 1.800 personas detenidas, más de 400 heridos, más de 50 torturados y más de 36 fallecidos desde el inicio de las protestas el pasado 12 de febrero.

El senador utilizó tres fotografías del reportero gráfico de El Carabobeño, Wilfredo Hernández, para narrar la agresión física que sufriera Marvinia Jiménez durante una protesta en La Isabelica. 

“Ella está arrodillada, no representa ninguna amenaza y un funcionario armado la apunta con una pistola. Luego la toman, la tiran al suelo y esta mujer se quita el casco y la golpea en la cabeza. Esto es real, esto no es una película. Ella vivió para contar su historia, pero hay otros que no han sido tan afortunados”.


Entonces Rubio mencionó el caso de la también carabobeña Geraldine Moreno, quien falleció por el ataque con perdigones disparados por un Guardia Nacional. “Geraldine es la hija de Rosa Orozco y ella perdió a su hija para siempre. ¿Eso se supone que es el futuro de Venezuela?, criticó”.



 

U.S. y España se pronuncian contra Venezuela #11M

Comisión de Senado de EEUU aprueba resolución sobre Venezuela

La comisión de relaciones exteriores del Senado aprobó el martes una resolución que exhorta al presidente Barack Obama a negar visas y congelar activos pertenecientes a los responsables de violar derechos humanos a manifestantes pacíficos y periodistas en Venezuela.

La resolución, que será remitida al pleno del Senado, dice que es "inaceptable" el uso de la violencia y de cargos penales motivados políticamente para intimidar a la oposición de la nación sudamericana.

El documento, aprobado a viva voz por los integrantes de la comisión, exhortó al gobierno del presidente Nicolás Maduro a desarmar a milicias progubernamentales y a permitir investigaciones independientes e imparciales sobre el excesivo uso de la fuerza empleado por las fuerzas del orden contra los manifestantes.

Los violentos incidentes que se vienen registrando desde hace más de un mes en Caracas y otras ciudades del interior del país han dejado un saldo de al menos 21 fallecidos y más de tres centenares de heridos, según registros de la Fiscalía General.

El gobierno venezolano envió efectivos militares el martes a la ciudad suroccidental de San Cristóbal para levantar las decenas de barricadas que mantienen desde hace varias semanas manifestantes en la vía pública para protestar contra el gobierno de Maduro, quien atribuye las protestas a un plan de la oposición para promover un golpe de Estado.

El presidente del comité y uno de los autores de la resolución, el demócrata por Nueva Jersey Bob Menéndez, afirmó que "Venezuela tiene grandes reservas de petróleo, pero los venezolanos no pueden obtener alimentos básicos y la tasa de inflación es del 57%. Deberían estar en una situación bastante mejor".

Menéndez invitó a otros senadores a elaborar otros proyectos de ley relacionados a Venezuela, sin aportar detalles.

La comisión aprobó la resolución escasos días después de que la Organización de Estados Americanos aprobara una declaración en la que declaró su solidaridad al gobierno de Maduro y llama a todos los sectores de la sociedad venezolana a respetar los derechos humanos.

Otro autor de la resolución, el senador republicano Marco Rubio, dijo que la declaración de la OEA no registra la "responsabilidad y complicidad" del gobierno de Maduro en "acciones violentas contra manifestantes pacíficos".

Parlamento español pide a Venezuela respeto a la democracia y los Derechos Humanos

Lozano ha criticado la "pereza" del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, a la hora de fijar una posición firme sobre Venezuela, a diferencia de otros mandatarios y organismos internacionales.

"Esta inhibición permanente del Gobierno nos causa cierto bochorno", ha denunciado.

Según Lozano, en Venezuela hay serios problemas de desabastecimiento de productos básicos mientras aumentan los privilegios de la clase dirigente del chavismo y el Gobierno de Nicolás Maduro ampara a grupos paramilitares.

Tanto el PP como el PSOE han compartido su preocupación por la situación en Venezuela, pero han pedido prudencia para no "enconar" el conflicto.




El Congreso de los Diputados de España instó el martes al gobierno de Venezuela a respetar los “principios universales de la democracia, el Estado de derecho y los Derechos Humanos”, y condenó el uso de la violencia en el país.

La Cámara baja española aprobó por una amplia mayoría una proposición no de ley en la que se pide también a las autoridades del país que promuevan un “diálogo sincero” con todas las fuerzas políticas para resolver los actuales problemas de Venezuela “dentro del respeto de la institucionalidad democrática”.

En el texto también se pide a todas las partes que muestren de forma clara en sus declaraciones y acciones su respeto al Estado de derecho, y se recuerda al gobierno de Nicolás Maduro que es su responsabilidad garantizar la seguridad de todos los ciudadanos venezolanos.

La declaración condena el uso de la violencia y la “trágica pérdida de vidas humanas” en las protestas que se han sucedido desde el mes de febrero y reclama al Ejecutivo de Venezuela que garantice la libertad de expresión, asociación y manifestación y permita a los periodistas “ejercer libremente su profesión”.

La propuesta fue presentada por el partido centrista Unión Progreso y Democracia (UPyD) y obtuvo el respaldo del Partido Popular, en el Gobierno, y el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) —la mayor formación en la oposición— después de acordarse una enmienda que suaviza el texto inicial.

Durante el debate de la iniciativa, la diputada de UPyD Irene Lozano advirtió de que Venezuela está “al borde del colapso” por lo que, a su juicio, sería un “gran error moral” que el Congreso español mantuviera una posición equidistante sobre la crisis que vive un país amigo.

Lozano criticó la “pereza” del presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, a la hora de fijar una posición firme sobre Venezuela, a diferencia de otros mandatarios y organismos internacionales.

Tanto el PP como el PSOE compartieron su preocupación por la situación en Venezuela, pero pidieron prudencia para no “enconar” el conflicto.

El diputado socialista Francisco González rechazó las visiones “maniqueas” sobre lo que está sucediendo en el país latinoamericano, mientras Guillermo Mariscal, del PP, advirtió de que “encender más los ánimos” no beneficia en nada al pueblo venezolano.

TOMADO DE elnuevoherald.com