Libertad de expresión en países de izquierda?

VIOLACIÓN LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN PAÍSES DE IZQUIERDA EN AMÉRICA LATINA

VENEZUELA

Ministerio de las redes sociales


En Gaceta Oficial número 40.330 que circuló el pasado jueves 9 de enero, se creó el Despacho del Viceministerio para Redes Sociales, bajo el decreto 730. Es uno de los cinco viceministerios creados dentro del Ministerio de Comunicación e Información. El decreto argumenta que este despacho se crea considerando "lo necesario de optimizar los resultados y el impacto de políticas, planes, proyectos y obras (...) con el objetivo de mayor suma de felicidad posible para cada venezolano".

Esto para controlar el uso de las redes sociales y de la internet en territorio venezolano, ya que la oposición venezolana por medio de estos, logra que el mundo conozca la realidad que se vive a diario en Venezuela, se sospecha que con el tiempo, la internet será controlada por el régimen tal como sucede hoy en Cuba.

Durante su última alocución, Nicolás Maduro encontró un nuevo enemigo de la revolución: las telenovelas, sin duda uno de los productos de exportación más exitosos de Venezuela y que han sido emitidos en decenas de televisiones a nivel mundial, esto como resultado del sonado rechazo mundial por el asesinato de la ex miss Venezuela Mónica Spear y su esposo, donde todas las redes sociales, prensa hablada y escrita hicieron un tremendo despliegue de información durante varios días, Maduro vió esto como algo que reforzó las bases de la oposición contra su "gobierno".

El diputado opositor Luis Barragán cree que la razón no es sólo controlar el contenido de las telenovelas: "Eso es un camino a la insistente práctica de este gobierno de coartar la libertad de expresión y con la excusa de las telenovelas lo que se viene es una persecución a los medios de comunicación".

Según el presidente, las telenovelas "incitan a la violencia y el odio en la sociedad" y puso como ejemplo a alguna de ellas en las que sus protagonistas "asesinan a siete u ocho personas y son los héroes". Por eso anunció que se va a " debatir sobre el contenido de las televisoras, vamos a dar un verdadero debate sobre el contenido de los medios de comunicación". Además, llamó a los jóvenes a "demoler la violencia" y crear "una cultura con menos criminalidad o sin criminalidad, si no es mucho pedir".

ARGENTINA

Crearon la Dirección de Inspección de Redes Sociales

La nueva área dependerá de Control Urbano, y buscara prevenir y estar alerta sobre hechos que puedan alterar la paz social según informaron


“La nueva dirección fue creada con la idea de poder saber y prevenir hechos o situaciones “.

Por el momento según informaron no ha debido actuar ante un hecho puntual pero servirá para lograr prevenir actividades donde por un lado se infrinjan las leyes y por otro para evitar que se produzcan hechos delictivos o de violencia.

Cierre de medios

- El gobierno de Cristina Kirchner anunció que el 7 de diciembre va a intervenir y desguazar a los medios de comunicación. El propósito es que no exista ningún medio de comunicación grande que pueda tener independencia económica para que el gobierno pueda asfixiar financieramente a cualquier medio crítico. EL 7 DE DICIEMBRE HABRÍA QUE HACER CACEROLAZO EN EL AFSCA.

- El Gobierno argentino ha anunciado que cancela la licencia para ofrecer acceso a internet a Fibertel, propiedad del mayor grupo multimedia del país, Clarín, que se ha destacado por su oposición al Ejecutivo de los Kirchner

La medida fue aplicada con la excusa de que Fibertel traspasó "unilateralmente" y "sin la debida autorización previa" sus servicios a Cablevisión, cuando se fusionaron ambas empresas controladas por el grupo Clarín, dijo el ministro de Planificación, Julio De Vido, al hacer el anuncio.

- De Vido señaló en rueda de prensa que se ha dispuesto un plazo de 90 días para que los clientes de Fibertel "migren" a otras compañías proveedoras del servicio de internet y de transmisión de datos en el mercado argentino, que en conjunto reúne a unos cuatro millones de usuarios, según cálculos de consultoras privadas.

Indicó además que el Gobierno comenzó una investigación con vistas a determinar si corresponde hacer denuncias penales contra Fibertel y Cablevisión por "desobediencia" e "incumplimientos" de normativas vigentes.

- El gobierno argentino informó este lunes al poderoso multimedios Clarín que comienza a aplicar una cláusula antimonopólica de la ley de medios, por la cual el grupo crítico de la presidenta Cristina Kirchner deberá desprenderse de decenas de licencias de radio, televisión y cable. «Vine a notificar el inicio de la transferencia de oficio (de las licencias de radio, TV y cable excedidas del grupo). Un juez declaró constitucional y está plenamente vigente la ley de Medios», dijo Martín Sabbatella, titular de la AFSCA (autoridad de aplicación) al salir de la sede del Grupo Clarín, cuyos abogados apelaron el fallo que la semana pasada favoreció al gobierno.

ECUADOR

Ratifican sentencia contra diario El Universo

Más de trece horas duró la audiencia de casación del juicio contra diario El Universo. Los jueces de la causa luego de los alegatos de las partes emitieron el veredicto final y declararon improcente el recurso de casación de manera unánime.

Con esta resolución se confirma la condena de 3 años de prisión para los directivos de diario El Universo y la multa de 40 millones de dólares.

Militantes de Alianza País que 'acompañaron' al presidente Correa a lo largo de 15 horas celebraron eufóricos al enterarse de la ratificación de la sentencia contra el diario El Universo.


Rafael Correa también espía a sus ciudadanos


Mientras el gobierno de Rafael Correa le ofrece asilo a Edward Snowden, acusado de espionaje por el gobierno estadounidense y pedido en extradición a Rusia, donde se encuentra actualmente, en agosto del año pasado el gobierno compró a una compañía israelí, pero registrada en Estados Unidos, equipos

de interceptación y escucha de llamadas y comunicaciones por teléfono celular.

La inversión total fue mínima, 5,5 millones de dólares, si se compara con la capacidad de los equipos

Las capacidades del sistema interceptor de llamadas de teléfonos móviles son descritas por Guecelevich con lujo de detalles: clonan los celulares en tiempo real sin el acceso físico a la tarjeta SIM y sin necesidad de la cooperacion del operador; identifica llamadas entrantes y salientes, cambia de ruta las llamadas salientes y las envía a otro destino e intercepta mensajes de texto (SMS) a la entrada y salida.

Así mismo, el operador del sistema es capaz de definir el remitente de SMS, puede desconectar las llamadas interceptadas, soporta USSD -cualquier tipo de servicio telefónico que requiere de la combinación de teclas * y #-, no requiere la inserción de la SIM en el sistema de monitoreo, es capaz de operar en redes 3G, intercepta hasta 4 llamadas simultáneamente y monitorea los teléfonos en diferentes redes al mismo tiempo es capaz de interceptar eficazmente todos los teléfonos disponibles en el mercado.

Por si fuera poco también bloquea comunicaciones de teléfonos previamente especificados, ningún SMS o llamada telefónica podrá ser recibidas ni discada por los aparatos bloqueados mientras todos los otros celulares en el área siguen con comunicación normal. El sistema es capaz de realizar continuamente un servicio de localizador de aparato (objetivo) en cualquier canal deseado e incluye un dispositivo portátil para teléfonos UMTS (3G) que permite determinar la localización de los teléfonos por medio de indicaciones visuales y de audio, además de permitir la operación encubierta.

Sorprendentemente el sistema sería capaz de activar el micrófono del teléfono con el fin de escuchar el audio en las proximidades del mismo, graba las llamadas, tiene dispositivo de rastreo que se puede ocultar en un bolso o mochila "portátil y pequeño, de aspecto inocente" y permite la detección del objetivo con la señal de llamada en silencio. Puede trabajar desde un automóvil a una distancia de 250 metros, tiene un receptor de identidad para llamadas entrantes, puede clonar un teléfono y descifra encripción A5.1 y A5.2 en tiempo real, entre otras muchas capacidades.

Entre los documentos obtenidos se encuentran también reportes de monitoreo de redes sociales y comentarios de periodistas y ciudadanos del común críticos de Rafael Correa y Nicolás Maduro, realizados por la Secretaría Nacional de Inteligencia.

Rafael Correa ha tomado una decisión que perjudica a todo el pueblo ecuatoriano por defender a los "adalides de la libertad de expresión", Julian Assange y Edward Snowden. Mientras tanto no solo pasó su ley "mordaza" a la prensa, sino que irónicamente es culpable del mismo pecado que denunció Snowden: el espionaje del gobierno a sus ciudadanos.


Ecuador aprueba la Ley Orgánica de Comunicación o la que presentarán como "ley de la mordaza"



La autoridad de aplicación

"La Ley crea una entidad administrativa llamada 'Superintendencia de Información y Comunicación' (Art. 55), definida como el 'organismo técnico de vigilancia, auditoría, intervención y control, con capacidad sancionatoria' sobre todos los medios de comunicación mencionados en el aparte anterior. El titular de esta agencia administrativa será nombrado por un órgano administrativo colegiado, de una terna enviada por el Presidente de la República. Este funcionario administrativo tendrá dentro de sus competencias la facultad de fiscalizar a los medios de comunicación e imponer sanciones a cualquier medio que incurra en alguna de las faltas que la Ley consagra o que deje de cumplir alguna de las múltiples obligaciones que establece (Art. 55 y ss)".

"Los comunicadores y medios de cualquier naturaleza, formato y alcance tendrían quesoportar afectaciones a su derecho a la libertad de expresión impuestas por autoridades administrativas durante todo el tiempo que dure un proceso judicial, dado que las decisiones de los órganos creados por la Ley surten efecto inmediato".

"La Ley establece una falta que denomina 'linchamiento mediático', que prohíbe 'la difusión de información que de manera directa o a través de terceros, sea producida de forma concertada y publicada reiterativamente a través de uno o más medios de comunicación con el propósito de desprestigiar a una persona natural o jurídica o reducir su credibilidad pública' (Arts. 26 y 10.4.j). En este sentido, cualquier denuncia sostenida de corrupción, que pueda conducir a la reducción de la credibilidad pública del funcionario involucrado, podría ser calificada por el órgano administrativo competente como 'linchamiento mediático' y ser objeto de las correspondientes sanciones. Dicha falta no requiere que el comunicador tenga conocimiento sobre la eventual falsedad de la noticia o que se hubiere conducido con manifiesta negligencia en la búsqueda de la verdad o falsedad de las mismas".


La obligación de contar con un 'veedor de la audiencia' elegido por el Estado

"La posibilidad de que el Estado le imponga a los medios de comunicación la obligación de incluir en su nómina y sala de redacción a una persona elegida a través de un procedimiento diseñado e implementado por el Estado, cuyas atribuciones y responsabilidades podrían ser fijadas por el propio Estado y a quien los medios podrían tener que otorgar espacios para la publicación de errores y correcciones (Art. 73)

"La Ley establece que sólo comunicadores y periodistas 'profesionales' podrán ejercer las actividades periodísticas de carácter permanente realizadas por los medios de comunicación, en cualquier nivel o cargo. Se exceptúa a quienes mantienen programas o columnas especializados o de opinión y a quienes realizan actividades periodísticas en las 'lenguas de las nacionalidades y pueblos indígenas' (Art. 42)".

"Esta disposición parecería contraria a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en uno de sus primeros pronunciamientos en los que ha interpretado el artículo 13 de la Convención Americana señaló que la imposición de requisitos especiales para el ejercicio del periodismo, como la colegiación obligatoria de periodistas, es una restricción ilegítima a la libertad de expresión".

CUBA

Gobierno cubano rechaza garantizar la libertad de expresión


El gobierno cubano rechazó sugerencias que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU hizo a la isla en los temas de libertad de expresión, acceso a internet y la garantía de libre acción a periodistas independientes, defensores de derechos humanos y opositores políticos, informa la agencia Notimex.
Con el informe del Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal (EPU) se examina la situación de los derechos humanos de un país y los 47 estados miembros del más alto órgano de la ONU hacen recomendaciones al país en cuestión que se reserva el derecho de aceptar las recomendaciones del Consejo y anuncia cuáles analizará y cuáles no aceptará.

El informe de Cuba, divulgado este viernes, explica que el gobierno cubano rechazó “garantizar la libertad de expresión y de reunión pacífica, así como la libre actividad de de los defensores de los derechos humanos, los periodistas independientes y los opositores del gobierno” al tiempo que descartó “eliminar las leyes que impiden la libertad de expresión o dejar de aplicarlas”.

El régimen de Raúl Castro se negó a asegurar que los activistas y periodistas independientes no serán intimidados, enjuiciados o detenidos arbitrariamente y se negó a poner fin a las detenciones de corta duración, al hostigamiento, y otras medidas represivas.

Como contexto general para hablar de la libertad de expresión en internet en Cuba, es importante mencionar que la isla es uno de los países donde existen más restricciones estatales a la libertad de expresión, sólo superada por Eritrea, Turkmenistán y Corea del Norte.

El libre uso de internet se ha convertido en una expresión más de la democracia contemporánea, por lo que las restricciones que limitan su uso en Cuba se unen a los múltiples obstáculos que existen para hacer periodismo independiente, para viajar sin ser considerado un “desertor” y perder el derecho a regresar, ser artista y escritor sin ser “parametrado”, elegir a los gobernantes en un sistema de partido único que ha prohibido las elecciones en los últimos 53 años, reunirse para ejercer el tan saludable hábito de criticar el sistema en el que se vive sin levantar suspicacias, y hasta ser homosexual.

Entre las muchas irregularidades y definiciones vagas de lo que constituye un delito para las leyes cubanas, es preocupante encontrar artículos como el 210 del Código Penal, referente a la clandestinidad de impresos, en donde se declara que “el que confeccione, difunda o haga circular publicaciones sin indicar la imprenta o el lugar de impresión o sin cumplir las reglas establecidas para la identificación de su autor o de su procedencia, o las reproduzca, almacene o transporte, incurre en sanción de privación de libertad de tres meses a un año o multa de cien a trescientas cuotas”. Leyes como ésta minan claramente el derecho a expresarse libremente, especialmente cuando se está frente al monopolio de los medios de comunicación por parte del Estado. Según el informe “Restricciones a la libertad de expresión en cuba”, realizado por Amnistía Internacional en 2010, el gobierno financia y controla 723 publicaciones (406 impresas y 317 digitales), 88 emisoras de radio, 4 canales nacionales de televisión, 16 emisoras regionales de televisión, un canal internacional de televisión y tres periódicos de cobertura nacional.

Las restricciones a la libertad de expresión en Cuba, se apoyan muchas veces en restricciones a otros derechos como la libertad de asociación, la reunión pacífica y la libre circulación. Los tipos penales que se usan comúnmente para amedrentar las voces disidentes por parte de las autoridades, van desde delitos de propaganda enemiga y desacato, pasando por difusión de noticias falsas, estado peligroso predelictivo y resistencia, entre otras. La ambigüedad de estos conceptos deja un amplio margen para su aplicación en contra de quienes pretendan hacer uso de su pensamiento crítico en el país. 

BOLIVIA

Bolivia, ante un límite a la libertad de expresión

gobierno nacional está, desde hace rato ya, utilizando sus distintas potestades tributarias e institucionales para intimidar y presionar a aquellos que de pronto disienten de sus políticas o de sus conductas.

Lo que acaba de suceder con la presión ejercida por funcionarios de la AFIP sobre el propio presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, y sus familiares es un grave, claro y reprobable ejemplo de lo antedicho.

Esa conducta, que tiene una clara raigambre autoritaria, está caracterizando a otros países del continente. Aparece cada vez con más frecuencia, y con toda suerte de ropajes, en los escenarios del universo "bolivariano" regional. No sólo en Ecuador, país en el que Rafael Correa acaba de materializar su sueño de amordazar a la prensa independiente y ahorrarse así las críticas a su régimen, mediante la sanción de una cercenadora ley de medios, sino también en Bolivia, donde el presidente Evo Morales comparte ese profundo rechazo a la libertad de prensa, que es siempre ostensible en la conducta de su compañero de ruta ecuatoriano.

Por esto, cabe manifestar una profunda preocupación por la dura embestida de Morales emprendida contra El Diario, el periódico más antiguo de Bolivia, al que podría clausurarse en relación con una deuda impositiva cuya enorme magnitud rechaza la empresa y que, además, se está debatiendo aún en las instancias legales correspondientes.

El Servicio de Impuestos Nacionales de Bolivia ejecutó una orden de embargo contra la empresa propietaria del mencionado diario, a la que consideró en "quiebra técnica", mientras en paralelo hizo trascender su intención de clausurar el medio. Para la empresa que soporta la embestida, esto es una reacción a la actitud crítica del medio sobre la política energética gubernamental, así como por sus denuncias de que hay tierras fiscales dedicadas a la producción de coca.

Organizaciones patronales, profesionales y sindicales de la prensa de Bolivia protestaron por la decisión del estatal Servicio de Impuestos (SIN) de declarar la quiebra de El Diario, decano de la prensa, según comunicados y declaraciones conocidos este viernes.

La patronal Asociación Nacional de la Prensa (ANP) expresó en un inserto publicado en la prensa "su enérgica protesta por la forma y las características operativas que caracterizaron la ejecución de la medida de embargo", a la que calificó de política.

Los trabajadores estamos alertas ante este abuso que atenta contra la libertad de expresión", señaló la líder del sindicato del medio impreso, Carmiña Moscoso.

El Diario, que circuló normalmente este viernes, dijo en su página editorial que la medida es "una acción de amedrentamiento para generar un clima de inestabilidad social en los medios".

NICARAGUA

La mayor amenaza a la libertad de expresión es la intimidación estatal, la cooptación económica, y el bloqueo sistemático al acceso a la información pública 

Bajo el régimen autoritario que se instauró en el 2007 se ha producido una alarmante regresión: mientras Ortega avanza en la concentración del poder total, la prensa es ahora más débil y menos influyente y el derecho a la libertad de información, que tiene un sustento constitucional, se encuentra bajo sitio.

La mayor amenaza a la libertad de expresión ahora no es la represión física y el asesinato de periodistas como ocurre en Honduras o México, sino la intimidación estatal, la cooptación económica y el bloqueo sistemático al acceso a la información pública. Este es el argumento que desarrolla y documenta el “Informe sobre el Estado de la Libertad de Expresión 2010-2013”, realizado por el Observatorio de Medios del Centro de Investigación de la Comunicación (CINCO).

El cierre de espacios

Desde hace seis años, se experimenta una creciente pérdida de espacios democráticos en la televisión, la radio y la prensa escrita. La estrategia oficial se basa en la premisa de que no es necesario pagar el costo político de cerrar un medio de comunicación, si se le puede comprar o cooptar. 

El resultado es un acelerado proceso de concentración de la propiedad de los medios televisivos, apoyado en el uso discrecional de la asignación de las frecuencias radioeléctricas por parte de TELCOR, el ente regulador. De los nueve canales de televisión abierta, ocho están en manos de un duopolio. 

La familia presidencial controla directamente los canales 4, 6, 8, y 13, usufructuando de forma ventajista los fondos de la cooperación venezolana que ha sido privatizada, mientras el empresario mexicano Angel González, hasta hace poco socio del comandante Ortega en canal 4, controla los canales 2, 9,10 y 11. 

Hay una división del trabajo para llevar el mensaje a diversas audiencias: unos se dedican abiertamente a la propaganda oficial salpicada con la nota roja, y otros se enfocan de manera casi exclusiva en el entretenimiento. En esta gran caja de resonancia del poder, el crecimiento de la audiencia es inversamente proporcional al espacio destinado al debate público.

Fuera del control del duopolio televisivo aún quedan el canal 12 y otros tres canales de cable que difunden noticias y opiniones, pero el entorno económico e informativo para el desarrollo de los espacios independientes es cada vez más precario. Algo parecido o peor ocurre con las radioemisoras y se acentúa en los departamentos con los medios locales. A menor fortaleza económica de las pequeñas y medianas empresas, mayor es la incidencia del uso y abuso de la publicidad estatal por el partido de gobierno que otorga premios y castigos para sujetar a los medios.

En la prensa escrita, la pérdida más notoria para la agenda ciudadana ha sido la reorientación informativa y editorial de El Nuevo Diario bajo las directrices de sus nuevos propietarios. De manera más o menos explícita, este medio renunció a la función de fiscalizar el poder (que no es igual a hacer “periodismo opositor”) anteponiendo otras prioridades a su tradición de periodismo crítico e investigativo.

De forma paralela a la pérdida de espacios independientes en los medios, se ha producido otro proceso igualmente antidemocrático al entronizarse un esquema de comunicación pública sectario y secretista. Un modelo de control que sustituye los derechos ciudadanos con prebendas y clientelismo, y recurre a la fuerza sin miramientos cuando enfrenta una verdadera oposición. La centralización de la información y el monólogo oficial afecta no solo la labor de los periodistas, sino también los derechos constitucionales de los ciudadanos, sean estos miembros de la sociedad civil, empresarios, o Diputados. 

El irrespeto a la Ley de Acceso a la Información Pública, aprobada en el 2007, empieza por la falta de voluntad política de la Presidencia de la República y su Secretaría de Comunicación. El desacato a la ley de parte de la pareja gobernante, se extiende de forma generalizada en el estado a través del bloqueo al acceso de las fuentes públicas, y en el caso de los empleados estatales alcanza niveles sin precedentes de censura y privación de la libertad de conciencia.