Los venezolanos sufren estos días tres grandes problemas: apagones, inseguridad y el combo del desabastecimiento de mercados e inflación. La respuesta del gobierno de Nicolás Maduro parece la misma: militarizar la cuestión.
Después de encargar a los uniformados la protección del sistema eléctrico y darle a los problemas en los mercados el tratamiento de "guerra económica", este lunes le tocó el turno a la inseguridad.
Hasta 3.000 soldados patrullarán las calles de Caracas a partir en el marco del llamado Plan Patria Segura, la vigésima primera gran iniciativa en seguridad en 14 años de gobierno chavista.
Para el gobierno, se trata de la primera vez en que la unión "cívico-militar" -que caracteriza a la llamada revolución bolivariana- lleva a los soldados a la calle para "proteger al pueblo".
Maduro parece hacer honor a su compromiso de "mano dura" contra la delincuencia que, según el propio gobierno, el año pasado se cobró 16.000 víctimas mortales. Otras fuentes estiman 21.000.
Sin embargo, expertos en criminología y derechos humanos dudan de que el perfil de un soldado sea el adecuado para patrullar las calles y sobre todo ponen en cuestión la constitucionalidad de la medida, pues la Carta Magna atribuye a los órganos de seguridad un "carácter civil"
Liliana Ortega, directora del Comité de familiares de víctimas de los sucesos de febrero y marzo de 1989 (Cofavic), organización defensora de los derechos humanos conformada tras los disturbios y represión del conocido "Caracazo".
Ortega recuerda el Caracazo, la masacre del retén de Catia en 1992 y las desapariciones forzadas en Vargas de 2000 como ejemplos para afirmar que "en Venezuela es imperante que todas las formas de control del orden público estén en manos de los civiles y se aparten de esas específicas funciones a los militares"
"No es una opinión personal, esto ha sido recogido por los estándares internacionales de derechos humanos y la Constitución venezolana, que en el artículo 332 establece muy claramente que los órganos de seguridad ciudadana deben ser de 'carácter civil'", agregó.
Según Ortega, que califica la medida de "clara violación de la Constitución", "las atribuciones de seguridad ciudadana tiene que ver con la atención al ciudadano". "Son dos contextos totalmente diferentes", dijo.
"El tipo de arma de la policía no es de guerra, como los fusiles automáticos livianos y el resto de armas que usan los soldados", que no son adecuadas "para actuaciones de control del orden público", señaló.
Ortega aseguró que "es claro el aumento de denuncias de presuntas de violaciones a los derechos humanos que se presentan cuando son utilizadas las FF.AA. para el control de orden público o la garantía de la seguridad ciudadana".
"Para explicar la violencia hay dos elementos fundamentales, el aumento de la pobreza o el déficit institucional. Si tomamos como buenas las cifras del gobierno sobre la disminución de la pobreza, para explicar el aumento de la violencia (…) es el déficit institucional. En Venezuela hay un esquema de impunidad institucionalizado", afirmó Ortega.
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