El AJC acusa al Hezbollah de los atentados de Buenos Aires a pesar del fallo de la Corte Suprema argentina
El 13 de julio de 2006, es decir, el día en que Israel lanzó su ofensiva contra el Líbano, informamos a nuestros lectores que el American Jewish Committee (AJC) presionaba a magistrados argentinos para reescribir la historia de los atentados de Buenos Aires («Washington pretende rescribir la historia de los atentados de Buenos Aires», por Thierry Meyssan,Voltaire, 13 de julio de 2006). Se trataba de echar atrás el fallo de la Corte Suprema que alejaba la pista del Hezbollah en la destrucción de la embajada de Israel y del Centro de la Comunidad Judía en 1992 y 1994.
Aunque tras la queja del grupo del Doctor Oscar Abdura Bini contra el AJC para presionar a la justicia el caso haya sido archivado, el AJC actúa como si su versión hubiera sido la definitiva.
El 14 de agosto de 2006, el American Jewish Comitee lanzará una campaña de spots durante dos semanas en CNN y Fox News para acusar al Hezbollah de no ser el partido de la resistencia libanesa, sino una organización terrorista internacional y por lo tanto representar un peligro para los Estados Unidos. El AJC basa su razonamiento en la imputación mentirosa contra el Hezbollah de los atentados de Buenos Aires.
Con el fin de dar peso a sus acusaciones
contra el «la media luna chiíta» (Irán, Siria, Hezbollah libanés),Washington ha decido incluir en ellas los atentados cometidos en Buenos Aires a principios de los años 90. En los países atlantistas [1] se da generalmente por sentado que aquellos atentados fueron obra de terroristas musulmanes.
Esa versión de los hechos fue sin embargo desmentida desde entonces por la Corte Suprema argentina que se orientó, por el contrario, hacia una pista israelí. Los neoconservadores han reaccionado con el montaje de toda una operación para invertir las cosas. Luego de una reunión que tuvo lugar en Washington, en mayo de 2006, con la participación de dos altos magistrados de Buenos Aires, el gobierno y la justicia han sido objeto de fuertes presiones. En respuesta, un grupo de ciudadanos argentinos dirigido por el doctor Oscar Abdura Bini [2] acaba de presentar ante un Tribunal de Gran Instancia de Buenos Aires una querella por obstrucción a la justicia contra el American Jewish Committee [3] y los fiscales Nissman y Martínez Burgos.
Para entender las implicaciones de esta polémica es necesario recordar los atentados.
El 17 de marzo de 1992 una violenta explosión destruyó la embajada de Israel en Buenos Aires y ocasionó graves daños a una iglesia católica y una escuela adyacentes. 29 personas murieron y 242 resultaron heridas.
El 18 de julio de 1994, otra explosión devastó en Buenos Aires el edificio de la Asociación Mutual Israelita (AMIA) con saldo de 85 muertos y más de 300 heridos.
La investigación sobre este nuevo atentado también se orientó hacia la pista islámica. El atentado se atribuyó a un kamikaze de 29 años, llamado Ibrahim Husein Berro, al volante de un vehículo lleno de explosivos. Años después, se emitió una orden de arresto contra Imad Mugniyah, miembro del Hezbollah libanés. Más tarde, el ex embajador de Irán en Argentina, Hade Soleimanpur, fue arrestado en el Reino Unido pero tuvo que ser liberado por falta de pruebas.
Todos estos elementos, que parecen ser conclusiones definitivas, aparecen reflejados desde hace años en todo tipo de enciclopedias, aunque nada los confirma. Lo más interesante es que con el paso del tiempo los propios investigadores argentinos han echado abajo las versiones que israelíes y estadounidenses les sugirieron y han construido una hipótesis totalmente contraria: los dos atentados fueron cometidos por agentes israelíes para contrarrestar el antisionismo de la comunidad judía argentina.
Es necesario situar las vacilaciones de los investigadores argentinos en el agitado contexto político de su propio país, constantemente estremecido por cambios de gobiernos e insurrecciones. Hasta la fecha no se ha presentado ningún juicio definitivo sobre ninguno de los dos atentados, lo cual permite que cada cual saque las conclusiones que más le convienen en base a momentos contradictorios de todo el proceso.
Como quiera que sea, lo menos que se puede decir al respecto es que la pista del terrorismo musulmán resulta ya inconsistente y que los neoconservadores están haciendo todo lo posible para enterrar definitivamente la investigación.
El 5 de marzo de 2002, el juez de
instrucción Alfredo Horacio Bisordio compareció a puertas cerradas ante una comisión investigadora parlamentaria para declarar como testigo sobre el primer atentado. La Red Voltaire obtuvo la transcripción de esa audiencia.
Según el juez Bisordi, el comisario Meni Battaglia dirigió la investigación sobre el atentado contra la embajada. En ella era secundado, aunque de manera no oficial, por un boina verde (no identificado) de la embajada de Estados Unidos y por el jefe de la seguridad de la embajada de Israel, Ronie Gornie. Supuestamente, ambos tenían gran experiencia sobre la realización de ese tipo de atentados en el Medio Oriente. Siguiendo los consejos de ambos «expertos», el comisario adoptó inmediatamente la hipótesis del vehículo lleno de explosivos y reportó que había encontrado fragmentos del motor de una camioneta Ford 100.
Resultó imposible establecer una lista exacta de víctimas ya que resultó que la lista de diplomáticos israelíes acreditados en Argentina no correspondía con el personal real de la embajada, diferencia que nunca se explicó. El juez Bisordi quería que se realizaran autopsias de las víctimas pero el comisario Battaglia se opuso afirmando que las autopsias no aportarían nuevos elementos. Ante la insistencia del juez, el gran rabino de Argentina también se opuso a las autopsias porque, en el caso de las víctimas judías, se trataría de una profanación. En definitiva, no se realizó ninguna autopsia.
El juez planteaba dos interrogantes: ¿Por qué los autores esperaron que la embajada estuviera vacía para realizar el atentado si un centenar de personalidades judías habían sido recibidas horas antes con bombo y platillo en ese mismo recinto? ¿Por qué recurrieron a un kamikaze para lanzar la camioneta contra la embajada siendo esto absolutamente innecesario?
Al hacerse cada vez más manifiesto su escepticismo sobre la versión que trataban de imponerle, el juez recibió una visita del director adjunto de los servicios secretos argentinos (SIDE), el doctor Gerardo Conte Grand. La misión de este último era hacerlo entrar en razones.
Los elementos relacionados con la segunda investigación son tan reveladores como los ya citados e incluyen hasta un verdadero falso policía israelí que se pasea como Pedro por su casa por las comisarías y prisiones argentinas, realizando interrogatorios fuera de todo procedimiento y presionando a los testigos. Este individuo desapareció cuando la justicia argentina le pidió explicaciones sobre su proceder. El gobierno israelí, que empezó por negar la existencia de este individuo, acabó reconociendo que lo había empleado y se negó a que prestara declaración.
La Corte Suprema de Argentina se reunió a puertas cerradas para examinar diferentes elementos del caso de los atentados. Este órgano validó investigaciones científicas que establecen formalmente que, contrariamente a lo que se admitió al principio, no hubo ningún coche-bomba conducido por kamikazes sino que los explosivos habían sido instalados dentro de los edificios volados, tanto dentro de la embajada de Israel como en la sede de la AMIA.
Por consiguiente, se invalidó todo lo que se había dicho al principio sobre el origen de los vehículos.
Al día siguiente de esa audiencia, el vocero de la embajada de Israel en Buenos Aires deploró esas conclusiones y acusó a los jueces de la Corte Suprema de antisemitismo.
Para aclarar estos atentados la justicia argentina necesitará aún mucha independencia y perseverancia, lo cual suscita ciertos comentarios.
Durante 14 años, numerosos expertos occidentales han redactado obras sobre el terrorismo basándose en una interpretación errónea de los atentados de Buenos Aires. Los autores de estas obras ignoran o fingen ignorar los progresos de la investigación argentina, lo cual es síntoma de incompetencia o de mala fe. Se aferran así a las conclusiones de sus razonamientos aunque sus premisas sean falsas.
Resultar doloroso comprobar que aunque las investigaciones judiciales sobre los grandes atentados terroristas imputados a musulmanes, ya sea en Buenos Aires, New York, Bali, Casablanca, Madrid o en Londres, siguen sin ofrecer resultados concretos ello no impide en lo más mínimo a los gobiernos neoconservadores y sus «expertos» seguir imponiéndonos sus conclusiones generales.
Estados Unidos acostumbra a modificar con carácter retrospectivo la identidad de aquellos a quienes atribuye la autoría los atentados realizados en ese país, con lo que busca siempre acusar a su adversario real o inventado del momento. Y ahora pretende rescribir la historia incluso fuera de su propio territorio.
También es importante mantener la vigilancia con respecto a los guerreristas que explotan descaradamente los atentados de Buenos Aires a favor de sus propios intentos de calificar tal o mas cual partido o gobierno de «terroristas» y que llaman a destruirlos.
La nómina de iraníes acusados por el atentado a la Amia
En octubre de 2006, al responsabilizar directamente al gobierno de Irán por el atentado terrorista que demolió la sede de la AMIA en 1994, los fiscales argentinos que investigaban el ataque pidieron la captura internacional de siete ex funcionarios iraníes, entre ellos un ex presidente de ese país, dos ex ministros y dos ex diplomáticos que estuvieron destinados en la embajada argentina.
Entre ellos figuran Ahmah Vahidi, actual ministro de Defensa de Irán, quien está imputado como coautor ideológico del atentado. El año pasado estuvo en Bolivia y se reunió con el presidente Evo Morales en una visita que levantó polvareda.
Otro de los señalados es Mohsen Rabbani, ex consejero de la embajada iraní y quien vivió en la Argentina durante 14 años. Fue acusado de ser el cerebro del ataque. Interpol lo considera un criminal de alta peligrosidad.
También está Ali Akbar Ashemi, ex presidente iraní, acusado de dar instrucciones a Hezbollah de llevar a cabo el ataque. Estuvo en el cargo desde 1989 a 1997. En la nómina figura además Ali Fallahijan, ex ministro de Inteligencia al momento del atentado. Fue considerado como autor intelectual del ataque; y Ali Akbar Volayali, ex canciller iraní, quien tiene captura internacional como autor ideológico del atentado.
La acusación de la Justicia argentina también alcanza a Mohsen Rezai, ex jede de la Guardia Revolucionaria. Fue imputado de haber organizado el atentado. Uno de sus hijos declaró en su contra en Estados Unidos, pero después se desdijo.
Otro de los imputados es Ahnmad Reza Ashgari o Mohsen Randjbaran, tercer secretario de la embajada iraní en Buenos Aires. Se lo acusa de haber liderado el operativo para el que usó una identidad falsa.
En agosto de 2003, luego de que el gobierno pidiera a Gran Bretaña la extradición del ex embajador iraní Hadi Soleimanpour, acusado de participar en el atentado, el funcionario fue detenido en la ciudad de Durham, pero la Justicia de ese país no otorgó la extradición.
Crece la desconfianza en EE.UU. por la negociación abierta con Irán
En Washington temen que la Argentina abandone su lucha contra el plan nuclear de Ahmadinejad; prevén que crecerá la presión contra el país en el Congreso norteamericano
Una ola de perplejidad se instaló en esta ciudad ante la decisión del gobierno de Cristina Kirchner de abrir negociaciones con el gobierno de Irán, en un paso llamado a tener impacto tanto en la percepción del país en la región como en el vínculo con los Estados Unidos.
"Lo que le faltaba a la Argentina es acercarse a un paria en una negociación de cuyo resultado existen enormes dudas", escuchó LA NACION de una fuente familiarizada en la relación bilateral.
Tal como se informó en la edición de ayer, el gobierno de Barack Obama ve con desconfianza ese acercamiento. "Las relaciones con Irán nunca son benignas", dijo la responsable para la región en el Departamento de Estado, Roberta Jacobson.
Estados Unidos sospecha de que Irán prepara armas nucleares. Hasta ahora, la sintonía con la Argentina para presionar a Teherán en ese punto fue, tal vez, el principal pilar de un vínculo bilateral difícil. Ahora, eso no está tan claro.
"Esperamos que la Argentina siga cumpliendo sus relaciones bilaterales en cuanto a las sanciones a Irán", deslizó, también desde el Departamento de Estado, su subsecretario para Asuntos Públicos, Michael Hammer. Hasta hace pocas horas, esa expresión hubiese sonado vacía.
El anuncio de las conversaciones con Irán había alterado ya el escenario. Para cuando habló Hammer, la prensa norteamericana advertía de otro giro en la diplomacia argentina, orientado a "defender" el programa nuclear de Irán, en una posición "coincidente" con el gobierno del venezolano Hugo Chávez, según sostuvieron las cadenas ABC y CBS.
"El viernes [luego de entrevistarse con el canciller iraní] Timerman defendió el plan nuclear iraní, sumándose a Venezuela en su apoyo al gobierno de Teherán" del que se sospecha que está "tratando de construir armas atómicas, en violación a acuerdos internacionales", indicaron.
Aludieron, de ese modo, a la intervención del jefe de la diplomacia en la reunión sobre seguridad nuclear que sigue a la habitual Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU).
Desde hace más de un año, existe en medios políticos de esta ciudad la sospecha de que la Argentina preparaba un acercamiento con Irán con la investigación del brutal atentado a la mutual israelita (AMIA) como trasfondo.
"Sabemos que hay discusiones entre los gobiernos de Irán y de la Argentina. Dónde y por qué ocurren esas discusiones es algo que yo no conozco, pero es una cuestión que estamos observando", dijo, meses atrás, el titular del Comando Sur norteamericano, el general Douglas Fraser.
Fue en respuesta al pedido de legisladores demócratas, inquietos sobre la posibilidad de un giro en ese sentido y del potencial impacto en la seguridad de la región. Desde la oposición, la republicana Ileana Ros Lehtinen viene advirtiendo hace meses al respecto.
En 2006, la Justicia argentina acusó formalmente al gobierno iraní de haber participado en la planificación del atentado contra la mutual judía AMIA, cuyo estallido causó la muerte de 85 personas. Fue en julio de 1994 y selló el peor ataque terrorista en suelo argentino.
"La verdad, estoy asombrado por este giro de Cristina Kirchner de dialogar con quienes acusa de asesinos", dijo el analista político Moisés Naím. "La Argentina no hace más que sorprendernos con medidas provocativas cuyo objetivo y real beneficio para una sociedad desconcertada no quedan claros", añadió.
En medios diplomáticos regionales basados en esta ciudad el desconcierto era similar. "Habrá muchas explicaciones de esto en los próximos días y mucho ruido alrededor", fue el pronóstico casi unánime.
UNA SEMANA AGITADA
- Martes
La Presidenta anunció que aceptaba dialogar con Irán sobre la forma de enjuiciar a los acusados del atentado contra la AMIA
- Jueves
El canciller Timerman se reunió con su par de Irán y acordaron empezar un proceso de negociación en Ginebra, Suiza, el mes que empieza
- Viernes
Israel expresó su "gran desilusión" por la decisión argentina. Y EE.UU. opinó que dialogar con Irán no es algo "benigno"
La comunidad judía en Argentina ratificó hoy su rechazo al diálogo que el gobierno iniciará con Irán para aclarar el atentado de 1994 a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), donde murieron 85 personas.
El presidente de la AMIA, Guillermo Borger, advirtió este lunes a periodistas: "no podemos creer que sea confiable esta propuesta de acercamiento" planteada por Irán, que "es un país teocrático y negacionista".
Agregó que la iniciativa iraní "es muy incoherente porque Irán no sólo participó en el atentado contra la AMIA y en el ataque que, dos años antes, sufrió la embajada de Israel en Buenos Aires".
"Acá estamos hablando de un país que está sospechado de la muerte de 85 personas. Si ellos están seguros de su inocencia y dan confianza ante la Argentina, ¿qué mejor que presentarse ante la justicia?", cuestionó.
La semana pasada, la presidenta argentina Cristina Fernández anunció durante la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU), en Nueva York, la aceptación del diálogo propuesto por Irán.
"Recibimos un pedido de reunión bilateral sobre este tema. Mi país ha decidido instruir a nuestro canciller para que tenga lugar aquí, en la ONU. Espero resultados de esa reunión, que Irán quiera cooperar", dijo la mandataria.
Esta decisión representó un giro radical en uno de los temas más sensibles de la política exterior argentina, ya que la posición era rechazar un acercamiento mientras el gobierno iraní se continuara negando a extraditar a exfuncionarios implicados en el ataque.
El representante de los familiares de las víctimas, Sergio Burstein, reconoció que no tiene ninguna esperanza que la cita entre el canciller argentino Héctor Timerman y su par iraní, Ali Akbar Salehi, ayude a aclarar la responsabilidad de ciudadanos de ese país.
Señaló, sin embargo, que por lo menos se sabrá qué es lo que tiene Irán para decir y que lo peor que podrían hacer es no escuchar una posición en la que ese país definirá hasta dónde quiere llegar, "a quién entrega y dónde quiere que sea juzgado".
