viernes, 11 de julio de 2014

María Gabriela Chávez y sus millones en maíz

María Gabriela Chávez envuelta en un gran escándalo de corrupción

Tras una investigación periodística, se supo que María Gabriela Chávez está vinculada a una firma exportadora de Argentina que infló facturas millonarias en la venta de arroz y maíz al país bolivariano

La hija de Hugo Chávez, en el centro, compartió una foto con Cheppi y los Vignati, a su derecha.

Lo usual es que los hechos de corrupción sean denunciados por una persona, o a lo sumo por una empresa. Este caso es inédito, porque todo un sector económico, el arrocero, sabe que hay gato encerrado en ciertas exportaciones argentinas a Venezuela y dio aviso a las más altas autoridades del país, sin que nada cambie. En los embarques de arroz dirigidos al país caribeño, la única beneficiada es una firma desconocida en el sector, que vende a precios muy inflados y cuyos dueños tienen trato directo con el ministro Julio De Vido, el embajador Carlos Cheppi, y hasta con María Gabriela Chávez, hija del fallecido líder venezolano.

Los directivos de la Federación Nacional de Entidades Arroceras (Fedenar) olían algo raro hace rato. En octubre de 2013 alertaron sobre “la incursión de una nueva empresa en las negociaciones comerciales con Venezuela”. Antes, en mayo de 2013, se había firmado un acuerdo bilateral para la exportación de 80.000 toneladas de Arroz Paddy, como se denomina al grano sin procesar, todavía con cáscara. El gobernador de Entre Ríos, Sergio Urribarri, había hecho el anuncio en la Casa Rosada, durante una visita al país de Nicolás Maduro. Urribarri informó que el negocio sería hecho por los propios arroceros, sin intermediarios. Y agradeció con énfasis las gestiones de Cheppi y De Vido.

Muy pronto los arroceros sabrían que no había nada que celebrar. Una ignota empresa santafesina llamada Bioart SA, fue la única en recibir los permisos para exportar ese grano a Venezuela. En marzo, ante la mirada atónita del sector, embarcó 10.247 toneladas. Y el 16 de junio salieron del puerto de San Pedro otras 27.500 toneladas de arroz con cáscara, por valor de 16.678.750 dólares. En total los negocios suman US$ 23 millones. Bioart SA realizó estas ventas a Venezuela con un impresionante sobreprecio, cercano al 30%.

¿Quién está detrás de Bioart SA? La empresa nació en 2009, pero recién en noviembre de 2013 se inscribió en la AFIP en el rubro “Venta al por mayor de cereales”. En los papeles sus titulares son María Isabel y María Eugenia Vignati, dos jóvenes hermanas de Arteaga, modesto pueblo ubicado a 110 kilómetros de Rosario. Pero la cara visible es la de Roberto Vignati, su hermano mayor. El empresario, de 35 años, viajó a Caracas en febrero de 2013 (meses antes del acuerdo) en una comitiva que acompañó a De Vido. En aquel momento ni soñaba con exportar arroz. Simplemente iba a ofrecer los silos de La Marisa SA, una fábrica de Arteaga vinculada a su familia materna.





Diversos testimonios recogidos por Clarín dan cuenta que Vignati ha tenido un notable progreso económico, que no disimula ni en su propio pueblo. En las redes sociales tampoco oculta tener profunda admiración por Néstor y Cristina Kirchner y por el fallecido Hugo Chávez. El joven viaja seguido a Venezuela y tiene muy buenos vínculos con la política local. Un mes antes de comenzar con los embarques de arroz, en febrero, estuvo con Cheppi y la hija de Chávez.

Los arroceros de verdad, mientras tanto, intentaron de todo para recuperar el negocio. A fin de enero, Fedenar planteó sus quejas ante el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, y el ministro de Agricultura, Carlos Casamiquela, que se hicieron los distraídos. También protestó sin resultado ante la Secretaría de Comercio Interior, que entregó los permisos de exportación. Su más decidido intento para torcer la historia fue recurrir, el 25 de enero, al gobernador Urribarri, quien compartía en ese momento un viaje a Cuba con Cristina Kirchner. El precandidato K prometió interceder ante la Presidenta. Luego de aquello hubo silencio de radio.

“Estos negocios benefician a unos pocos empresarios y perjudican a muchos argentinos”, señaló hace pocos días un comunicado de la Cámara de Industriales Arroceros de Entre Ríos. Las dudosas exportaciones de arroz a Venezuela ya se habían concretado.


Julio De Vido

La industria arrocera real está furiosa. No solo porque una firma desconocida les birló el negocio para exportar 80.000 toneladas de arroz cáscara a Venezuela sino además porque, para conseguir ese volumen de arroz, Bioart SA ha venido ofreciendo precios más elevados a los productores, que distorsionan todo el mercado.

Las agresivas operaciones de la extraña exportadora bendecida por el Gobierno solo han sido posibles porque los embarques de arroz a Venezuela se realizan a un valor increíble, que abre margen para todo tipo de suspicacias.

Según los documentos aduaneros, la última carga de 27.500 toneladas se transó a un valor FOB (mercadería colocada en puerto) de 606,5 dólares por tonelada. Esto es unos 200 dólares o más por encima de lo que vale realmente la mercadería.

O lo que es decir con un sobreprecio de 30%. En lo que va del año, Uruguay exportó el mismo tipo de arroz a Venezuela a un promedio de 377 dólares. Brasil lo hizo a 350 dólares. Y aquí ese mismo arroz se paga al productor a menos de 300 dólares.

Lo más curioso es se trata de un negocio acordado por dos gobiernos. El acta compromiso fue firmada por el ex ministro de Agricultura, Norberto Yauhar, y el ministro para la Alimentación de Venezuela, Félix Osorio Guzmán.

Y apareció Bioart SA exportando las primeras 10.000 toneladas. "Cuando vimos que el arroz que nosotros vendíamos a U$S 495 puesto en Venezuela, ellos lo habían enviado a U$S 600 (valores FOB, es decir que hay que sumarle fletes y seguros, entre otros gastos), dijimos 'este es el negocio de nuestras vidas'. Pero vimos que no podía ser porque ese precio no existe para arroz sin industrializar", sostuvo el dirigente, confirmando la existencia de sospechosos sobreprecios.


El apoyo de Cabello


Diosdado Cabello Rondón, “alertó” al país la noche de este jueves sobre una “campaña” contra María Gabriela Chávez, hija del fallecido presidente Hugo Chávez, por parte de “la derecha vulgar, arrastrada de este país”.





Y María Gabriela así se defiende




Relaciones comerciales con el gobierno de Rafael Correa

Vignati buscó reactivar silos en Ecuador. Pero su representante se fugó con US$ 800 mil.

Envalentonado por la buena recepción que obtuvo en Venezuela, donde construyó algunos silos y acaba de vender arroz y maíz con elevados sobreprecios, el empresario argentino Roberto Vignati intentó probar suerte también en Ecuador. Allí intentó convencer al Gobierno de financiar un proyecto de desarrollo agrícola. Pero todo terminó en un escándalo político y judicial, cuando su principal nexo con el gobierno de Rafael Correa, un publicista de Arrecifes llamado Gastón Duzac, se dio a la fuga del país luego de obtener un préstamo estatal de 800.000 dólares.

Las tratativas, reveladas oportunamente por la revista Vanguardia, comenzaron en setiembre de 2010, cuando a través de Duzac, el dueño de Bioart SA mantuvo reuniones con funcionarios de alto rango y estrecha ligazón con Correa. Quien admitió esos encuentros fue Francisco Endara, que era funcionario del Fideicomiso público “No más Impunidad” y cuñado de Pedro Delgado, primo de Correa y ex titular del Banco Central ecuatoriano. “Estuvo el gerente de Agroexportadora, Jorge Bulgarelli, y Roberto Vignati. Ahí los conocí a ellos”, declaró Endara.

Duzac, que años antes había sido compañero de carreras y socio del piloto Norberto Fontana, había desembarcado en Ecuador un año antes y seducía a los colaboradores de Correa con supuestas promesas de inversión. Incluso llegó a hablarles de la posibilidad de reflotar la aerolínea Southern Winds. Pero el negocio que buscaba generar para Vignati era otro: los argentinos participarían de un proyecto para la reactivación de un complejo agrícola llamado “Silos de Daule”.

En noviembre de 2011 el proyecto seguía en veremos. En una carta que envió a Santiago León, ministro de la Producción, el intermediario Duzac explicaba que esa iniciativa “ha sido desarrollada por una de las empresas agrupadas bajo Agroexportadora SA, la empresa Silos Marisa, de reconocida experiencia en Argentina”. Talleres Marisa SRL, con sede en Arteaga, es la empresa familiar de los Vignati, dueños a la vez de Bioart SA, la firma que exportó de modo dudoso arroz y maíz a Venezuel a.

Duzac era, por entonces, el representante oficial de Agroexportadora SA en Ecuador, y en ese carácter reclamaba de las autoridades un “aval de 10M”, o millones de dólares. Agroexportadora SA, con sede en Arrecifes, fue creada en 2008 por el mencionado Bulgarelli. Su vínculo con los Vignati es innegable y perdura todavía hoy: el estudio de abogados dirigido por María Eugenia Vignati, la hermana menor de Roberto, tiene a esa firma entre sus clientes.

Los intentos del dueño de Bioart por desembarcar en Ecuador quedaron documentados en la justicia de ese país. Y es que antes de que avanzara con esa iniciativa, el publicista Duzac tomó un préstamo de US$ 800.000 del banco oficial Cofiec -administrado por el fideicomiso “No más Impunidad”- con la excusa de que iba a montar una empresa de pagos electrónicos.

Al poco tiempo estaba claro que no tenía avales como para recibir el dinero. También que no lo devolvería.

Cuando la justicia ecuatoriana comenzó a investigar el caso, hacía rato que el representante de Vignati había abandonado ese país y regresado a Arrecifes.




Tomado de elclarin.com

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