Tras meses de retrasos y repetidos cambios en el equipo de abogados, el nuevo equipo de defensa de los sobrinos del gobernante venezolano Nicolás Maduro y de sus esposa Cilia Flores salieron al cuadrilátero lanzando golpes, solicitando la desestimación de las pruebas más devastadoras contra los jóvenes y simultáneamente acusando a las autoridades de destruir evidencias.
Pero algunas de la más de media docena de mociones introducidas por los abogados parecen estar más dirigidas a brindar protección a la pareja presidencial que a los propios acusados, al exigir que las autoridades revelen la identidad personas que podrían estar implicadas en el caso, así como cualquier información que incrimine a Flores, al régimen de Maduro o la campaña oficial de las pasadas elecciones de diciembre.
Y en lo que quizás podría ser más importante, los abogados también pidieron la exclusión del juicio de las confesiones que brindaron los sobrinos –Efraín Antonio Campo Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas– después de ser arrestados, en las que los acusados vincularon directamente a algunos de las personas más poderosas del chavismo.
“Parte de las mociones introducidas tratan de obligar a las autoridades a divulgar qué es exactamente lo que tienen sobre la pareja presidencial y otras personas del chavismo y en otras tratan de conseguir que éstas no aparezcan en el juicio, para que no salgan directamente implicadas”, agregó De La Cruz.
Campo Flores y Flores de Freitas están acusados de conspirar para importar 800 kilogramos de cocaína a Estados Unidos. Los jóvenes de 29 y 30 años, respectivamente, se encuentran detenidos en Nueva York y están siendo procesados en la Corte Federal de Manhattan.
Una de las mociones presentadas por las firmas de abogados, solicita expresamente a la fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York que se les suministre cualquier información obtenida por la Agencia Antinarcóticos (DEA) que vincule a la pareja presidencial con el caso de los sobrinos.
“En vista a la necesidad de prepararse adecuadamente para el caso […], los acusados solicitan la inmediata divulgación de […] evidencia relacionada con el interés del gobierno [de Estados Unidos] en los acusados, incluyendo toda evidencia e información relacionada con la investigación, encausamiento o arresto de los acusados que involucre a la administración de Nicolás Maduro, de Venezuela; a su esposa Cilia Flores, o las elecciones en Venezuela de diciembre del 2015”, manifiesta el documento.
Los abogados –pertenecientes a las prestigiosas firmas Sidley Austin LLP y Boies, Schiller & Flexner LLP– también solicitaron que la fiscalía dé a conocer las otras personas que estén implicadas en el caso, aun cuando estas no hayan sido procesadas formalmente.
“Es apropiado que el gobierno dé a conocer los nombres de ‘co-conspiradores no acusados’ que el gobierno considere podrían haber sido ‘cómplices’ de la conspiración criminal y sujetos de las pruebas que piensan introducir en el juicio, incluso si esos individuos no forma parte de la lista de testigos”, declara otra las solicitudes.
Las mociones introducidas por los nuevos abogados contrastan con la inacción de sus antecesores, quienes por meses trataron sin éxito de trazar una estrategia legal que les permitiera superar la extensa evidencia contra los sobrinos obtenida por la DEA, el deseo de los acusados de entrar en algún tipo de acuerdo extrajudicial para recortar la sentencia y las presiones ejercidas por Caracas para que los jóvenes no colaboren con las autoridades estadounidenses.
Parte de la amplia evidencia recaudada por la DEA fue suministrada por los propios acusados después del arresto, en declaraciones que brindaron extensos detalles sobre el funcionamiento del Cartel de los Soles –organización de narcotraficantes operada por chavistas– y la participación en ella de la familia presidencial.
Pero esos testimonios habrían sido obtenidos ilegalmente, declaran los abogados defensores, al acusar a la DEA de no haber informado debidamente a los acusados de sus derechos a guardar silencio tras ser arrestados en octubre del 2015 en Haití.
Bajo el argumento de los abogados, el testimonio que Campo Flores brindó a la DEA durante el vuelo que lo llevaba bajo custodia hacia Nueva York, no es admisible en el caso debido a que las autoridades habrían empleado un procedimiento de dos etapas que había sido prohibido por las cortes en dos decisiones anteriores.
Adicionalmente, los abogados alegan que ambos acusados habían sido sometidos “a experiencias horribles” antes de ser detenidos, porque fueron interceptados por más de una docena de hombres armados y con rostros cubiertos que se rehusaron a hablar con ellos o identificarse.
“Los acusados, siendo familiares de prominentes políticos de Venezuela y al conocer personalmente a muchas personas que han sido secuestrados (algunos de ellos asesinados), creían que habían sido secuestrados y temían por sus vidas”, declara la moción.
“El espiritú de los acusados había sido quebrado y era fácil doblegarles, y sus comentarios subsiguientes deberían ser suprimidos por haber sido otorgados en desconocimiento e involuntariamente en violación a la cláusula de debido proceso”, argumenta la moción.
Los abogados también acusaron a los agentes de destruir pruebas que, según ellos, demuestran que los acusados eran jóvenes empresarios que fueron inducidos a participar en la conspiración para importar la droga.
El equipo de defensa asegura que los derechos de sus clientes fueron violados cuando los agentes editaron y destruyeron grabaciones e imágenes de video “que no encajaban en la narrativa que los informantes querían elaborar”.
Tomado de El Nuevo Herald
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