Procurador de Colombia ha denunciado a Venezuela

Procuraduría de Colombia radicó denuncia ante la CPI contra Venezuela

El procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez, presentó denuncia formal ante la Corte Penal Internacional por los presuntos delitos de lesa humanidad del gobierno de Venezuela contra colombianos en la frontera.

En declaraciones a los medios de comunicación en la ciudad de Barranquilla, el procurador Ordoñéz dijo que el informe corresponde “a las violaciones de los derechos de los colombianos; el desplazamiento forzado; la desaparición forzada y los abusos sexuales que hacen parte de los delitos de lesa humanidad que ha cometido el gobierno venezolano“.

Ordóñez reiteró que el Presidente Santos está en mora de excluir como garante en el proceso de paz al gobierno de Venezuela, ya que consideró que un país que sistemáticamente afecta a miles de colombianos no puede ser ejemplo de paz en este proceso.


ElTiempo.com


Procurador pide medidas cautelares contra Venezuela por agresiones en frontera

Alejandro Ordoñez. Foto: EFE


El procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez, solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que obligue a Venezuela a detener la deportación de colombianos y el maltrato al que vienen siendo sometidos desde que el presidente Nicolás Maduro ordenó el cierre de la frontera.

En el documento radicado por el organismo de control, se solicitan medidas cautelares, buscando que estas protejan “los derechos humanos a la vida, integridad, libertad personal, garantías judiciales, protección a la familia, derechos de los niños, derechos a la propiedad privada, derecho de circulación y residencia y a la protección judicial de todos los colombianos en frontera”.

Esta medida se sustenta en el número de denuncias que ha recibido el ministerio público, con las que se puede documentar un gran número de ataques durante el proceso de deportación a Colombia por parte del estado venezolano.



Este es el comunicado emitido por la Procuraduría General de la Nación:


Como responsable de la defensa de los Derechos Humanos y representante de los intereses de la sociedad, el procurador general de la Nación, Alejandro Ordoñez Maldonado, solicitó el día de hoy a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que ordene al Gobierno de Nicolás Maduro desmontar la política sistemática de ataques en contra de la población colombiana en la frontera.

En el documento radicado hoy se solicitan medidas cautelares con base en el Reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la obligación de ese organismo de velar por el cumplimiento de los compromisos asumidos por los estados partes, en particular, los que se derivan de la Convención, la Declaración Americana de los Derechos y los Deberes del Hombre, y la Carta de la OEA (1).

Ante el fracaso de la reunión de cancilleres de la OEA propuesta por el Gobierno colombiano, la Procuraduría busca que las medidas cautelares protejan los derechos humanos a la vida, integridad, libertad personal, garantías judiciales, protección a la familia, derechos de los niños, derechos a la propiedad privada, derecho de circulación y residencia y a la protección judicial de todos los colombianos en frontera.

El documento se soporta en denuncias documentadas sobre las graves vulneraciones a esos derechos, perpetradas por el Estado venezolano como parte de una política sistemática de ataque contra la población en razón de su nacionalidad colombiana. Dicha política ha sido diseñada, ordenada, dirigida y ejecutada bajo la supervisión directa del presidente Nicolás Maduro.

En los últimos meses, y más concretamente, en las últimas semanas, dicha política de ataques escaló. Se han presentado cientos de deportaciones arbitrarias y colectivas de ciudadanos colombianos en situación migratoria irregular o regular o con condición de refugio reconocida, por el solo hecho de ser nacionales colombianos o de origen colombiano, ejecutadas por parte del Gobierno venezolano a través de sus fuerzas militares en el marco de un estado de excepción decretado en diferentes municipios del estado Táchira, siguiendo una política de ataque sistemático decretada públicamente por el presidente Nicolás Maduro contra la población de colombianos que habita en la frontera binacional.

Tales ataques son múltiples y se han intensificado en los últimos días con el cierre de la frontera y comprenden, de acuerdo con las denuncias públicas, al menos las siguientes situaciones arbitrarias:



1. Una campaña de estigmatización y persecución en contra de personas que viven en la zona de frontera en razón a su nacionalidad colombiana. En muchos casos, esas personas se encuentran legítimamente en ese territorio y cumplen con la documentación que exige el ordenamiento jurídico de ese país. Existen denuncias de personas que afirman que sus documentos legales han sido destruidos por los agentes del Gobierno venezolano antes de ser expulsados de su territorio nacional.


2. Desplazamiento forzoso con la expulsión de personas y de diversos actos coercitivos. A los colombianos se les ha criminalizado, estigmatizado y han sido sometidos a actos de humillación, tratos crueles, inhumanos y degradantes.


3. Los colombianos están siendo objeto de medidas de confinamiento y aislamiento. Se desconoce la libertad de locomoción y son demolidas sus casas. Las autoridades ingresan a estas de manera constante y sin orden judicial, como parte de una práctica de hostigamiento permanente.