Impunidad reina tras un año de protestas en Venezuela contra Maduro
43 muertos, cientos de heridos y miles de detenidos dejaron los tres meses de manifestaciones.
Venezuela vive recalentada desde hace años, un animal grande pero agotado entre la polarización política y la crisis económica, dos brasas que hace exactamente un año implosionaron en las calles de Caracas –antecedido por reclamos en los estados andinos de Táchira y Mérida– y abrieron tres meses de fuertes protestas y manifestaciones en contra del gobierno del presidente Nicolás Maduro que dejaron 43 muertos, 878 heridos y 3.351 detenidos, según las cuentas oficiales.
La base que alimentó las protestas, estudiantes y ciudadanos en general, pedían rectificación y mejoras en la calidad de vida al sucesor del fallecido presidente Hugo Chávez; la dirigencia política liderada por Leopoldo López, María Corina Machado y Antonio Ledezma pedían su renuncia.
El gobierno se plantó con fuerza a través de los cuerpos de seguridad del Estado y la oposición, que no toda estuvo de acuerdo con el llamado a protestar, apenas resistió un llamado al diálogo que la dividió aún más, oxigenó al gobierno y terminó en nada. Una mesa vacía de compromisos a medio discutir.
El torbellino de esos días también dejó un legajo grueso de denuncias contra el Estado por casos de torturas, uso excesivo de la fuerza, tratos crueles e inhumanos y detenciones políticas.
La Fiscalía asegura haber recibido 242 denuncias de violaciones a los Derechos Humanos, destaca la detención de 16 funcionarios por esta razón y oficialmente reconoce 3.250 detenciones, de las cuales solo se mantienen 58.
En cambio, la organización Foro Penal Venezolano, ONG que ha atendido a 2.500 de los detenidos en el escenario de las protestas, tienen documentados 138 casos de tortura y tratos crueles y asegura que son 3.400 los detenidos (casi 300 menores de edad), con 78 personas todavía en los calabozos por protestar. Se cree que es la cifra de civiles apresados por protestar más grande en un país sin guerra declarada.
Pero a un año de esos hechos –todavía muy frescos– la que viene ganando la partida es la impunidad, esa justicia que no terminan de ver los familiares de las 43 víctimas, pues sólo seis casos se encuentran en pleno juicio y apenas otro más concluido.
El resto sigue los elusivos caminos de la institucionalidad venezolana, algunos todavía en fase de investigación y tan increíbles otros que se han convertido en símbolos de la degradación institucional del país. Entre ellos destacan los de Juan Carlos Montoya (50, miembro de un colectivo oficialista) y Bassil Da Costa (24, carpintero que manifestaba por la oposición), los primeros asesinados del 12 de febrero en pleno centro de Caracas.
A partir de fuentes documentales y de video, primero investigaciones periodísticas y luego de la Fiscalía concluyeron que funcionarios de cuerpos policiales del Estado y grupos parapoliciales afectos al gobierno dispararon ese día, cuando la marcha convocada por López y Machado había concluido.
Identificados los presuntos responsables llegan entonces las trabas inexplicables: ocho funcionarios han sido imputados por lo ocurrido, pero solo uno está preso.
El diario 'El Nacional' tuvo acceso al expediente y relata que dos policías están plenamente relacionados con los casos, pero no están acusados. De paso, el juicio no ha comenzado.
La historia tristemente se repite en casos como el de Geraldine Moreno, asesinada de un disparo de perdigones en su cara cuando salió a ver una manifestación. Hay 23 funcionarios involucrados en el caso y ninguno detenido, ni siquiera los dos guardias nacionales directamente señalados por el crimen, cuyo juicio aún no comienza.
Tampoco hay mayor adelanto en el asesinato de la detective del Servicio Bolivariano de Inteligencia Glidis Chacón, pues el juicio sobre sus victimarios está detenido y apenas están en fase de investigación los crímenes contra los seis guardias nacionales que también murieron en las refriegas, a pesar de haber sido reconocidos como héroes por el gobierno nacional.
Porque como todo en Venezuela, hasta las víctimas están polarizadas. Las opositoras y las chavistas, hasta el punto de que los familiares de estas últimas han conformado un comité llamado ‘Víctimas de la Guarimba y el Golpe Continuado’ que busca exactamente lo mismo que el resto de los familiares: justicia.
Lo mismo que también pide la familia de Leopoldo López, preso desde hace casi un año y acusado de incendio e instigación a delinquir por llamar a la protesta del 12 de febrero.
Tomado de eltiempo.com
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