“Ángel (Carromero) tiene que estar en su casa, eso es lo que puedo decir". La viuda del disidente cubano Oswaldo Payá no piensa participar en el juicio al político del PP encarcelado por el régimen y que será juzgado como responsable del doble homicidio de los dos opositores que viajaban con él. Ofelia Acevedo no cree la versión oficial del accidente y no piensa presentar cargos.
Acevedo ha rechazado la pena de siete años de cárcel solicitada por la Fiscalía cubana contra Carromero por el homicidio involuntario de su esposo y el opositor Harold Cepero, a la vez que ha dejado claro que no participará en un eventual juicio contra el joven dirigente del PP, ni siquiera para declarar a su favor.
En declaraciones telefónicas a Ep desde La Habana, Acevedo ha reiterado que "no acepto la versión oficial" de que Carromero fue el causante del accidente en el que perdieron la vida los dos opositores, por tanto, "no acepto los cargos que se le imputan": tres años y medio por cada víctima.
Acevedo ha dejado claro que no está dispuesta a participar en un eventual juicio porque su familia, al igual que la disidencia dentro y fuera de Cuba, sostienen que Payá murió a consecuencia de una supuesta persecución."Tenemos toda una experiencia de amenazas que hemos vivido" así como "declaraciones de testigos que nos hacen pensar eso", ha afirmado.
Al ser consultada sobre la posibilidad de testificar a favor de Carromero, Acevedo ha explicado que sólo cuenta con testimonios de las personas que vieron parte de la presunta persecución y que desmienten tajantemente la versión del Gobierno cubano, pero aclara que no tiene cómo presentarlo materialmente ante un tribunal. "No tengo forma de presentar eso oficialmente", ha indicado, al señalar que los nombres de los testigos no pueden ser revelados por miedo a represalias.
Acevedo sostiene que un capitán de nombre Fulgencio Medina, instructor penal, la noche del accidente en un salón del Hospital Carlos Manuel de Céspedes --donde fueron ingresadas las víctimas-- leyó las declaraciones de dos testigos según las cuales un coche marca Lada, color rojo, "viajaba paralelo con el vehículo accidentado", testimonios que no recoge la versión oficial.
En un vídeo difundido por el Gobierno cubano, Carromero reconoce que perdió el control del vehículo al entrar en un bache, si bien afirma no recordar a qué velocidad circulaba en ese momento y niega que otro vehículo les golpeara por detrás. La familia de Payá rechaza la versión oficial y sostiene que en un SMS uno de los dos supervivientes extranjeros alertó a sus allegados de que un coche les venía siguiendo y que les embistió varias veces.
España negocia el futuro de Carromero
El Gobierno cubano tiene la potestad de dejar en libertad al español expulsándole del país aún cuando el tribunal que le juzgue le imponga una pena de cárcel por homicidio involuntario. El Código Penal cubano, o Ley 62, estipula en su artículo 46.3 que el Consejo de Ministros "puede decretar la expulsión del extranjero antes de que éste cumpla la sanción principal impuesta", que se declarará "extinguida".
En favor de Carromero juega el hecho de que la familia de Payá no vaya a presentar acusación. Las gestiones del Gobierno español se centran ahora en lograr la expulsión de Carromero. Así lo ha dejado entrever públicamente el ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, José Manuel García-Margallo, cuando reitera que el Ejecutivo trabaja para que el joven dirigente de Nuevas Generaciones pueda regresar "cuanto antes" a España.
La figura de la expulsión fue la fórmula bajo la cual recuperó la libertad a primeros de año el empresario español Sebastián Martínez Ferraté, meses después de ser condenado a siete años de cárcel (la mitad de lo que pedía la Fiscalía) por corrupción de menores y proxenetismo.
Ferraté estuvo detenido en La Habana desde julio de 2010, cuando le arrestaron por un documental realizado dos años antes sobre la prostitución infantil en la isla. El Gobierno cubano decidió su expulsión poco después de la llegada al poder de Mariano Rajoy.
En el caso de que el Gobierno cubano no quisiera expulsar a Carromero, a éste le quedaría otra opción para poder regresar a España: el traslado a nuestro país para que cumpliera aquí la condena, "en los casos y en la forma establecidos en los tratados", dice la Ley 62. España y Cuba tienen un convenio bilateral para el traslado de personas condenadas de 1998 que podría aplicarse en el caso de Carromero.
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